CIUDAD DE MÉXICO. – El ministro Irving Espinosa Betanzo informó que votó en contra de incorporar seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario, durante el análisis del anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 2027.

A través de un comunicado, el integrante del máximo tribunal explicó que su decisión responde a una convicción personal y a consideraciones públicas y constitucionales sobre la manera en que deben administrarse los recursos destinados al servicio público.

Espinosa Betanzo sostuvo que el dinero de la ciudadanía debe ejercerse bajo criterios de austeridad, responsabilidad y eficiencia, particularmente cuando las personas servidoras públicas ya cuentan con servicios de salud establecidos por la ley.

“El acceso a servicios privados de salud no debe financiarse mediante prestaciones adicionales con recursos públicos, particularmente cuando las personas servidoras públicas cuentan con los servicios de salud previstos en la ley”, señaló la ponencia del ministro.

El juzgador consideró que su rechazo a la prestación privada de salud también es consistente con su intención de promover una justicia “cercana, austera y sin privilegios”. Añadió que la transformación del sistema de justicia requiere revisar la forma en que se utilizan los recursos institucionales.

Desde su perspectiva, el presupuesto de la Suprema Corte debe concentrarse en las funciones sustantivas del tribunal y en aquellas acciones destinadas a fortalecer el acceso a la justicia.

La Corte plantea presupuesto de más de 6 mil millones de pesos

La postura del ministro se conoció después de que la Suprema Corte defendiera el anteproyecto presupuestal aprobado por el Pleno durante una sesión privada celebrada el 6 de agosto.

Para 2027, el máximo tribunal solicitó 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos. De acuerdo con la explicación de la institución, el monto representa un crecimiento real de 12.7% una vez descontado el efecto de la inflación.

La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un cálculo distinto y señaló que el incremento equivale a 17.2% respecto del presupuesto autorizado para 2026.

La SCJN explicó que el aumento planteado responde principalmente al cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con remuneraciones y prestaciones. Según la institución, ocho de cada 10 pesos del incremento solicitado se destinarían al pago de sueldos y prestaciones contempladas en la legislación y en las Condiciones Generales de Trabajo.

El máximo tribunal recordó además que durante 2025 tuvo un recorte presupuestal de 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que para 2026 la reducción fue de 11.2%, correspondiente a 661 millones.

Ante esas restricciones, la Corte reportó diversas medidas, entre ellas la eliminación de prestaciones para ministras, ministros y mandos superiores, como los gastos de telefonía celular y gasolina. También canceló el ajuste salarial para el personal, eliminó 83 plazas administrativas y retiró recursos destinados a becas.

Seguro médico divide opiniones dentro de la Corte

Uno de los puntos que generó controversia fue la previsión de recursos para ofrecer un seguro de gastos médicos mayores al personal de la institución.

La SCJN informó que el Pleno aprobó por mayoría de seis votos incluir esa partida en el anteproyecto presupuestal, aunque las ministras y los ministros quedarían fuera de la prestación.

La eventual contratación no está asegurada, ya que dependerá de la disponibilidad de recursos y de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto solicitado. Por ello, la inclusión de la partida en el anteproyecto no significa que el seguro haya sido contratado o que la prestación ya haya sido restituida.

El proyecto presupuestal también contempla recursos para mantenimiento preventivo, infraestructura y proyectos de innovación. Entre estos últimos figura la renovación de equipos tecnológicos de Plural TV, algunos de los cuales tienen más de 20 años de antigüedad.

La ministra Lenia Batres también se pronunció contra el presupuesto y, de manera específica, contra la incorporación de recursos para recuperar el seguro de gastos médicos mayores.

El 13 de agosto, Batres afirmó que existía un ambiente de “animadversión insana” en el Pleno y relacionó esa situación con el oficio que presentó ante el Órgano de Administración Judicial para expresar su desacuerdo con el anteproyecto.

La ministra informó que votó contra el presupuesto “en su conjunto”, tanto por el incremento solicitado como por la partida destinada al seguro médico.

De acuerdo con su postura, la prestación se contempló para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, pese a que había sido eliminada un año antes. También argumentó que el Poder Judicial ya cubre las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que cuestionó que se destinen recursos adicionales a servicios privados de salud.

Batres citó además el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece restricciones para contratar seguros médicos privados con recursos públicos. Después de la votación, pidió retirar de su ponencia los montos destinados al seguro de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada, correspondientes a 95 personas, además de la propia ministra.

La integrante de la Corte también cuestionó las pensiones de exministras y exministros, cuyo excedente, según información administrativa citada por ella, supera los 54 millones de pesos. A la par, planteó revisar las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros.

El debate también llegó a una sesión pública, luego de que Batres retirara uno de sus proyectos y señalara que las objeciones de sus compañeros podían estar relacionadas con el documento presupuestal. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó esa interpretación y sostuvo que las intervenciones se habían limitado a argumentos jurídicos, sin descalificaciones personales.

Con los posicionamientos de Espinosa Betanzo y Batres, el debate sobre la previsión para el seguro médico quedó expuesto dentro del Pleno de la Suprema Corte. El anteproyecto aún deberá continuar con el procedimiento correspondiente y quedará sujeto a la decisión final de la Cámara de Diputados sobre los recursos que recibirá el máximo tribunal durante 2027.

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