GUERRERO. – Ángel Aguirre Rivero compareció este martes ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, para definir su situación jurídica por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa. El exgobernador de Guerrero permanece en el penal de alta seguridad del Altiplano y lleva cinco días privado de la libertad.

La audiencia se reanudó después de que, durante la diligencia del viernes, Aguirre Rivero y su defensa solicitaron una ampliación del plazo legal para reunir pruebas y responder a las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Por instrucción del juez, el exmandatario fue trasladado desde el penal del Altiplano hasta el Centro de Justicia Penal Federal para participar en la diligencia. En el lugar también estuvieron presentes su esposa y sus abogados.

Durante su primera comparecencia, Aguirre Rivero sostuvo que aclararía ante el juez las imputaciones relacionadas con la presunta desaparición de grabaciones vinculadas con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El exgobernador acudió a la audiencia en silla de ruedas y manifestó que enfrenta diversos problemas de salud. Pese a ello, el juez rechazó la solicitud para que pudiera continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

Ante el juez, Aguirre Rivero rechazó las acusaciones y afirmó: “Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”.

Uno de los señalamientos centrales de la FGR se relaciona con la presunta destrucción de un disco DVD que contenía grabaciones de dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, donde los normalistas llegaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según la Fiscalía, las imágenes registraban el momento en que policías municipales y estatales trasladaron a un grupo de estudiantes de un autobús a otro. Las autoridades sostienen que los jóvenes aparecían con las manos en la cabeza, sometidos y vigilados por policías y hombres armados.

La acusación también señala que, posteriormente, varias patrullas escoltaron el autobús en el que se encontraban los estudiantes, mientras detrás de ellos circulaban camionetas con hombres armados.

Durante la audiencia, representantes de la FGR señalaron que una integrante del entonces Consejo de la Judicatura entregó el material directamente a Aguirre Rivero, después de tomarlo de la oficina de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.

La Fiscalía también sostiene que el exgobernador habría ordenado al entonces procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, hacerse cargo de ese video. Asimismo, lo acusa de haber instruido a su sobrino, Eduardo Aguirre, para desaparecer evidencias relacionadas con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Ahora corresponde al juez Mario Elizondo Martínez determinar si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso al exgobernador por el delito de desaparición forzada de personas dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa.