CIUDAD DE MÉXICO. – El Senado de la República prevé aprobar durante el próximo periodo de sesiones la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional, con la que se busca garantizar la libre determinación y autonomía de 70 pueblos indígenas y afromexicanos del país. La iniciativa, cuya discusión se prevé para el periodo que inicia en los próximos días, beneficiaría a más de 25 millones de personas integradas en 16 mil 728 comunidades.

La senadora Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, informó que ya comenzaron las asambleas regionales correspondientes al proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. De este ejercicio surgirá el proyecto que posteriormente será discutido por el Congreso.

“Estamos hablando que con esta reforma se van a beneficiar más de 25 millones de personas indígenas y afromexicanas que forman parte de 16 mil 728 comunidades y el Senado deberá colocarlas como prioridad en su agenda”, señaló la legisladora.

Chavira sostuvo que las demandas de los pueblos indígenas requieren atención, después de un largo periodo en el que, de acuerdo con su planteamiento, estas comunidades permanecieron invisibilizadas y fueron consideradas como ciudadanos de segunda.

La consulta representa, según la senadora, una oportunidad para que los propios pueblos originarios participen en la definición de los alcances que tendrá la legislación. Entre los asuntos que contempla se encuentran sus sistemas normativos, las formas de elección, la protección del patrimonio cultural, la defensa del territorio y el manejo de los recursos propios reconocidos por la reforma constitucional.

Uno de los principales cambios se relaciona con el acceso directo a los recursos públicos. La reforma constitucional reconoce a las comunidades la posibilidad de decidir, mediante sus propias asambleas y mecanismos de administración comunitaria, en qué proyectos utilizarán los recursos que les sean asignados a través del presupuesto federal.

“Con la reforma constitucional ya no dependen de la voluntad del gobernante, porque ahora tienen derecho de elegir en qué proyectos se gastan los recursos asignados vía el presupuesto federal de forma directa a las comunidades mediante asambleas y administración comunitaria, sin intermediarios y que suman en solo dos años más de 26 mil millones destinados a obras de infraestructura social básica como agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación”, afirmó Chavira de la Rosa.

La senadora explicó que la legislación deberá establecer disposiciones específicas para fortalecer este derecho y permitir que sea considerado dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos tiene como propósito reconocer a estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con ello, se busca establecer las bases para que ejerzan su libre determinación y autonomía, además de fortalecer su participación en la vida pública nacional.