TAMAULIPAS. – La Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación por probable violación luego de que una niña de 11 años ingresó el miércoles 5 de agosto al Hospital General de Zona número 13 del IMSS, en Matamoros, con un embarazo de aproximadamente cinco meses. El caso también llevó al DIF municipal a revisar el entorno familiar de la menor y valorar si requiere permanecer bajo resguardo institucional.

La situación fue detectada después de que la menor llegó al hospital con un embarazo avanzado. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó el 6 de agosto que, desde su ingreso, recibió atención médica especializada y que, tras la valoración correspondiente, notificó a las autoridades competentes a petición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes.

A partir de la detección del embarazo, el IMSS activó los protocolos establecidos para brindar atención integral y proteger a la paciente. La menor permaneció hospitalizada mientras los médicos determinaban las condiciones de la gestación y si existía algún riesgo que impidiera su eventual alta.

El caso también derivó en la intervención del Sistema DIF de Matamoros. Héctor Gutiérrez Treviño, procurador del organismo, explicó que la institución tuvo conocimiento de la situación a partir de una denuncia realizada por vecinos.

El funcionario confirmó que la niña continuaba internada y que su estado de salud era estable. Ante los indicios de un posible delito sexual, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por “probable violación”, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el embarazo e identificar al posible responsable.

Además de establecer la identidad de quien pudiera estar involucrado, las autoridades revisan las condiciones en las que se encontraba la menor y si existió alguna omisión o negligencia en su cuidado.

Gutiérrez Treviño señaló que personal del DIF acudió al domicilio de la familia, localizado en el fraccionamiento Satélite, luego de recibir un llamado anónimo al 911. Sin embargo, para ese momento la madre de la menor ya había acudido ante la Fiscalía y la niña se encontraba bajo atención médica en el Seguro Social.

De acuerdo con la información proporcionada por el procurador del DIF, la menor vivía con su madre, María, y su padrastro, Sirenio Ruiz. Las autoridades también permanecían a la espera de los resultados médicos para determinar si el embarazo debía considerarse de alto riesgo.

La situación familiar adquirió relevancia dentro de la investigación debido a que las autoridades deben determinar si la persona responsable del embarazo pertenece al círculo cercano de la niña. En caso de que así fuera, el DIF tendría que asumir su protección y la menor no sería entregada nuevamente a su madre.

Además de la atención médica, las autoridades contemplaron la necesidad de proporcionar acompañamiento psicológico especializado a la niña, debido a las circunstancias en las que fue detectado el embarazo.

La madre de la menor también proporcionó información a las autoridades sobre lo ocurrido en los meses previos. Según su declaración, comenzó a notar algunos cambios físicos en su hija antes de que se confirmara la gestación.

La mujer explicó que meses atrás llevó a la niña a una consulta médica debido a una inflamación abdominal. En aquella ocasión, señaló, personal del IMSS de la colonia Lauro Villar atribuyó las molestias a un problema estomacal.

Posteriormente, nuevos estudios permitieron confirmar el embarazo.

La madre sostuvo que no pretendía proteger a ninguna persona involucrada y que correspondía a las autoridades investigar los hechos antes de establecer responsabilidades.

También explicó que su situación económica la obligaba a trabajar turnos rotativos en una tienda de conveniencia. Debido a sus horarios laborales, en algunas ocasiones la niña permanecía sola durante varias horas.

Dentro de su declaración, la mujer señaló que la menor habría identificado a tres hombres que acudían a la vivienda cuando ella y su pareja salían a trabajar. Este dato abrió otra línea de investigación para determinar quiénes tenían contacto con la niña y quiénes acudían regularmente al domicilio familiar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente quién sería el responsable del embarazo. La información difundida sobre el caso refiere que se manejaban dos posibles líneas de investigación relacionadas con personas cercanas a la familia: el padrastro, quien acudió a rendir declaración ante la Fiscalía, y un tío de la menor.

Sin embargo, el procurador del DIF Matamoros precisó que todavía no existía un sospechoso definido por el abuso y que las investigaciones continuaban para identificar al responsable.

Mientras avanzan las indagatorias, el caso permanece bajo atención de distintas instituciones. El IMSS mantiene la vigilancia médica de la menor; la Fiscalía de Tamaulipas lleva la investigación penal y el DIF revisa las condiciones familiares para determinar las medidas de protección que correspondan.

La niña continuaba bajo supervisión médica en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS, en Matamoros, mientras las autoridades esperaban contar con elementos suficientes para definir tanto su situación médica como las medidas de protección y las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.

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