CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 561 millones de pesos en 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante los últimos 12 años, de acuerdo con una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE). Del monto reportado, 1,883 millones 95 mil pesos se concentraron en los últimos cinco años, cifra que representa el 77% señalado en la investigación. Los recursos corresponden exclusivamente a materiales electorales, por lo que aún faltaría contabilizar contratos de sistemas tecnológicos, logística y otros servicios.

Las empresas involucradas son Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con la familia Hernández Casillas, así como Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. En conjunto, acumularon 106 contratos, de los cuales únicamente 53 se adjudicaron mediante licitaciones públicas. Cajas Graf concentró 1,072 millones 876 mil 165 pesos; Formas Finas y Materiales, 815 millones 961 mil 175 pesos; Corporativo Zeg, 278 millones 717 mil 552 pesos; Comercializadora JVLY, 208 millones 396 mil 239 pesos, y Seriplast de México, 85 millones 123 mil 981 pesos.

Ante diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, señaló que las compañías presuntamente simularon competencia mediante propuestas económicas previamente coordinadas para distribuirse el mercado. Explicó que en 24 licitaciones coincidieron Cajas Graf y Formas Finas; en 15 participó también Corporativo Zeg; en ocho concurrieron Cajas Graf y Zeg, y en dos más Formas Finas y Zeg. El mecanismo consistía en presentar ofertas elevadas para modificar artificialmente los precios de referencia, descalificar propuestas más económicas y favorecer a alguna de las empresas participantes.

El funcionario sostuvo que las irregularidades señaladas no serían hechos aislados, sino parte de una presunta estructura de colusión que también involucraría a organismos electorales estatales. La investigación documentó vínculos familiares, laborales y empresariales entre accionistas, representantes y apoderados legales de las cinco compañías. Además, identificó que algunas empresas continuaron obteniendo contratos pese a enfrentar investigaciones y procedimientos por presuntas irregularidades.