CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobierno de Nuevo León por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos hacia empresas, un despacho jurídico y una firma relacionada con el gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando. De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2025, la denuncia fue presentada el 16 de octubre y documentó movimientos de recursos públicos mediante distintas compañías, cuyo destino final habría involucrado cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas con servidores públicos.

Según el informe, la administración estatal transfirió 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que posteriormente envió 5 mil 154 millones 600 mil pesos a otra empresa, desde la cual se canalizaron 385 millones 300 mil pesos al despacho jurídico relacionado con la familia García. Además, se identificaron transferencias por 964 millones de pesos a una comercializadora, que destinó 237 millones a una empresa de alimentos y esta, a su vez, envió 202 millones 900 mil pesos al despacho. Otras operaciones incluyeron 243 millones de pesos a una empresa de servicios, que transfirió 65 millones 500 mil pesos a una consultoría, así como 154 millones 200 mil pesos a otra compañía, de los cuales 77 millones 30 mil pesos terminaron en el despacho jurídico.

El auditor Aureliano Hernández explicó ante diputados que las investigaciones permitieron identificar patrones de triangulación y simulación de operaciones para transferir recursos públicos a empresas y personas relacionadas familiarmente con funcionarios. “Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, afirmó. El documento también señala que este esquema habría permitido al gobernador adquirir una propiedad valuada en mil millones de pesos, como parte de las operaciones bajo investigación.

La ASF también incluyó en su informe un presunto esquema de triangulación de recursos en Sinaloa, durante la administración del exgobernador Rubén Rocha Moya. En ese caso, distintos organismos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra pública a una empresa constituida por sus dos hijos, quienes participaron como accionista, administrador único y apoderado legal. La auditoría identificó depósitos superiores a los montos correspondientes a las obras realizadas y transferencias entre cuentas de la compañía, además de pagos a los hijos del exmandatario y a un exfuncionario de Finanzas, bajo el concepto de préstamo.