La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), prevista para hoy lunes, no cierra el escándalo que sacudió al organismo durante la última semana.

Abre una crisis que obliga a revisar las condiciones en que se ejercen el poder, los recursos públicos y la autonomía de la autoridad responsable de organizar las elecciones.

Las revelaciones sobre la cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con proveedores del instituto, y el viaje de lujo a París en el que aparece el hijo de la consejera presidenta junto al contratista, colocaron bajo escrutinio una relación que rebasa la apariencia de un trato estrictamente institucional.

Empresas relacionadas con el empresario han recibido contratos millonarios.

La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés y triangulación de recursos.

No son responsabilidades probadas, pero sí hechos que exigen explicaciones documentadas.

La presión mediática, las exigencias de rendición de cuentas y el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum contra cualquier sombra de corrupción terminaron por elevar el costo político de la permanencia de Taddei.

Su salida anunciada, sin embargo, no sustituye las investigaciones ni deslinda responsabilidades. Renunciar no puede convertirse en una vía para eludir explicaciones.

La historia electoral mexicana demuestra cuánto cuesta construir credibilidad institucional:

*La crisis de 1988, cuando el entonces sistema electoral quedó marcado por la controvertida “caída del sistema”, evidenció la necesidad de una autoridad independiente.

*La autonomía del IFE, consolidada en 1996, representó un avance decisivo. Después, la elección presidencial de 2006 dejó una profunda disputa sobre la legitimidad del resultado y colocó bajo presión al instituto encabezado por Luis Carlos Ugalde.

*En años posteriores, las controversias sobre decisiones, declaraciones y actuaciones de consejeros, incluido Lorenzo Córdova, mantuvieron al árbitro bajo cuestionamiento político.

Pero hay una diferencia fundamental entre recibir críticas por decisiones electorales y quedar bajo sospecha por posibles conflictos de interés en la contratación de proveedores.

Lo segundo compromete la integridad administrativa de la institución y exige auditorías independientes, transparencia contractual y responsabilidades, si las irregularidades se acreditan.

El daño no se limita a una presidencia. El INE debe organizar las elecciones de 2027 en un escenario de polarización y desconfianza.

Si la ciudadanía sospecha que quienes administran el árbitro mantienen relaciones privilegiadas con quienes reciben contratos públicos, la imparcialidad deja de percibirse como una garantía.

La democracia no se sostiene únicamente con urnas, boletas y resultados legales. Necesita instituciones confiables, controles efectivos y funcionarios capaces de rendir cuentas.

La salida de Taddei no resolverá por sí sola esa deuda. El país necesita saber quién autorizó los contratos, bajo qué criterios se asignaron y si hubo beneficios indebidos.

La credibilidad electoral no admite privilegios ni explicaciones a medias… Cuando el árbitro queda bajo sospecha, toda la democracia paga el costo.