La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta una de las pruebas financieras más delicadas de su historia reciente.

El problema dejó de ser una advertencia presupuestal: ya hay prestaciones sin pagar y el cierre de 2026 amenaza con convertirse en un conflicto laboral de mayores dimensiones.

La cifra difundida inicialmente por el rector Ángel Román Gutiérrez fue de 700 millones de pesos para cubrir salarios, aguinaldos, prestaciones y obligaciones de seguridad social.

Sin embargo, el panorama se ha agravado.

El pasado 14 de octubre, la Rectoría informó al SPAUAZ, mediante el oficio 817/R.UAZ/2026, un déficit estimado de 775 mdp para cumplir los compromisos institucionales con trabajadores activos, jubilados y pensionados.

La cifra debe distinguirse de los cálculos previos de entre 715 y 720 millones de pesos.

El impacto ya es tangible. La Universidad suspendió el pago de la prima de antigüedad correspondiente a septiembre y advirtió que otras prestaciones, incluidas las primas vacacionales y los aguinaldos, podrían quedar pendientes si no consigue recursos extraordinarios; eso ya motivó los primeros patos laborales.

El salario de los trabajadores se convirtió en la prioridad inmediata, no porque las demás obligaciones hayan desaparecido, sino porque el dinero ya no alcanza.

Durante años, la salida ha consistido en gestionar apoyos extraordinarios ante los gobiernos Federal y estatal.

Ese mecanismo permitió resolver cierres fiscales, pero no corrigió las causas del déficit.

El auxilio recurrente terminó por convertirse en una expectativa presupuestal, aunque ningún rescate debería sustituir la obligación de sanear las finanzas universitarias.

Ahora, David Monreal Ávila cerró esa puerta. El gobernador descartó aportar recursos extraordinarios y exigió revisar la nómina, los salarios, las prestaciones y el gasto.

Su argumento merece examinarse, pero la negativa no resuelve por sí misma la emergencia ni elimina las obligaciones laborales de la institución.

La Rectoría tiene que transparentar las cuentas, explicar cómo se llegó a este punto y demostrar que las medidas de austeridad alcanzarán también a los niveles directivos.

La autonomía universitaria no puede convertirse en un escudo contra la rendición de cuentas.

Pero tampoco es aceptable que la factura de años de desequilibrios termine cobrándose a quienes trabajan en las aulas, sostienen la investigación y mantienen en funcionamiento la Universidad.

La crisis exige responsabilidades, auditoría y una ruta financiera verificable. La Federación, el Estado y la UAZ deben transparentar sus aportaciones y compromisos, sin confundir el apoyo de emergencia con una solución permanente.

Rescatar a la Universidad no significa autorizar que siga gastando sin corregir sus desequilibrios.

Negarle recursos tampoco puede ser una estrategia suficiente para resolverlos. Lo urgente es impedir que la crisis financiera se convierta en una crisis laboral y académica que termine pagando Zacatecas.

La responsabilidad también alcanza a las administraciones que precedieron a la actual Rectoría.

Quienes estuvieron al frente de la UAZ deben explicar qué decisiones financieras, compromisos laborales y políticas de gasto contribuyeron a construir este déficit.

No basta con heredar el problema y administrar la emergencia: es necesario revisar cómo una institución que conoce desde hace años sus obligaciones de fin de año llega nuevamente al límite, sin recursos suficientes para cubrirlas.

¿Cómo se permitió que compromisos previsibles se convirtieran en una deuda impagable?

La Universidad necesita cuentas claras sobre su pasado para corregir su presente. Sin identificar responsabilidades, transparentar las decisiones y establecer mecanismos que impidan repetir los mismos errores, cada cierre de año seguirá siendo una amenaza para los trabajadores y una incertidumbre para la educación pública de Zacatecas.