CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a dos empresas y a un proveedor para participar en contrataciones con la Administración Pública Federal, además de imponerles multas económicas por incumplimientos contractuales y la presentación de información falsa.

De acuerdo con la dependencia, las sanciones alcanzan a Am Cenit, S.A. de C.V.; Construcciones Zarate Prados, S.A. de C.V., y Ezequiel Becerril Barrera, quienes fueron incorporados al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrán celebrar nuevos contratos con el Gobierno de México durante los periodos establecidos en las resoluciones.

En el caso de Am Cenit, la autoridad impuso una multa de un millón 346 mil 268 pesos y una inhabilitación de 15 meses. La medida deriva de la rescisión administrativa de dos contratos en un periodo de tres años: uno con el entonces órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y otro con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Construcciones Zarate Prados recibió una multa de 526 mil 101 pesos y una inhabilitación de cuatro meses y seis días, luego de no formalizar un contrato que le había sido adjudicado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco.

El proyecto contemplaba la ampliación de un edificio, la construcción de dos aulas didácticas y servicios sanitarios en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, ubicado en el municipio de Teapa.

En tanto, Ezequiel Becerril Barrera fue sancionado con una multa de 236 mil 483 pesos y una inhabilitación de un año, cuatro meses y 24 días. La Secretaría de Salud determinó que presentó información falsa durante un procedimiento de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de cinco subestaciones eléctricas y cinco plantas de emergencia.

El proveedor declaró bajo protesta de decir verdad que no estaba inhabilitado, pese a encontrarse sujeto a esa restricción.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las sanciones se determinaron conforme a la ley, bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas. También precisó que los sancionados conservan el derecho de impugnar las resoluciones, mientras que la dependencia defenderá su legalidad.

La institución sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la integridad de las compras públicas y evitar que proveedores incumplan sus obligaciones o recurran a información falsa para obtener contratos gubernamentales.