Hay una injusticia de fondo en cómo hablamos de Sinaloa. Décadas de conflicto armado, cooptación institucional y violencia asociada al narcotráfico han fijado una etiqueta que trasciende los hechos: la de un pueblo intrínsecamente ligado al crimen, cuando en realidad, Sinaloa es más bien, el territorio donde una economía ilícita transnacional decidió instalar su primer gran laboratorio operativo.
Sinaloa se convirtió en epicentro por razones estructurales: orografía que favorece al cultivo, rutas de comercio hacia el pacífico, la frontera norte y el factor decisivo, la ausencia sostenida de un estado capaz de disputar el territorio con desarrollo, empleo formal y justicia funcional. Cuando las instituciones no llegan, alguien más ocupa esos espacios vacíos. Eso no es una falla moral del pueblo sinaloense, es una falla de diseño institucional.
Es deshonesto negar que existe un entramado social: economías locales que dependieron de remesas de dinero ilícito, códigos culturales que en algunos círculos romantizaron la figura del capo y décadas de normalización mediática vía corridos y series, pero es igual de deshonesto tratar eso como causa, en vez de como síntoma.
La sociedad sinaloense no es un actor homogéneo que decidió colectivamente tolerar el narco, es una población diversa que incluye a las víctimas más directas: desaparecidos, desplazados, empresarios extorsionados y familias que han pagado el costo más alto de una guerra que no empezaron.
Cuando un estado completo carga con una identidad criminalizada, el daño colateral es real: inversión que no llega, migración de talento y una generación de jóvenes que crecen bajo sospecha antes de tener oportunidad de demostrar lo contrario. Ahí está la paradoja, la estigmatización no combate al crimen organizado, lo alimenta, porque cierra puertas legales y deja abiertas solo las ilegales.
Sinaloa no debería de leerse solo como una tragedia local, sino como una advertencia nacional: ningún estado está exento de vivir su propia versión de este ciclo si las condiciones estructurales que lo producen, como la ausencia institucional, economías capturadas, fronteras porosas al tráfico de armas y de drogas, siguen sin atenderse desde una política de estado, y no desde administraciones sexenales que apagan incendios sin tocar causas.
Gobernadores, legisladores y sociedad civil de otras entidades harían bien en observar Sinaloa no con distancia, sino con la incomodidad de reconocer un espejo.
La pregunta que debería quedar después de leer sobre Sinaloa no es: ¿Qué le pasa a ese estado? Sino: ¿Que nos protege a nosotros de que nos pase lo mismo? Para la mayoría de los estados mexicanos, la respuesta honesta es: menos de lo que quisiéramos creer.
