Cuando hablamos de seguridad no solamente nos referimos a patrullas, cámaras, drones, helicópteros o elementos desplegados en las calles.

Nos referimos a las decisiones que toman las autoridades sobre los espacios públicos, los mensajes que permiten y los contenidos que consideran compatibles con una estrategia de pacificación.

Por eso resulta relevante la decisión de retirar a Luis R. Conríquez de la Feria Nacional de Fresnillo.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz revisó su repertorio y determinó que su presentación no era compatible con los criterios establecidos para evitar la apología del delito y la exaltación de la violencia.

El Ayuntamiento de Fresnillo terminó por aceptar la sustitución.

La discusión puede ser tan amplia como se quiera.

Habrá quienes defiendan la libertad artística y quienes consideren que una feria pública no debe convertirse en escaparate de narrativas que glorifican al crimen organizado.

Pero hay algo más importante que la discusión misma: la congruencia.

Si ese criterio es válido para Fresnillo, también debe serlo para Zacatecas y para todos los municipios zacatecanos.

Y eso es precisamente lo que ocurrió con la Feria Nacional de Zacatecas.

La misma lógica alcanzó la cartelera estatal y la presentación de Óscar Maydon, otro exponente de los llamados corridos bélicos o tumbados, quedó fuera de la programación.

La información disponible confirma que su presentación en la Fenaza fue objeto de la misma revisión bajo los criterios de seguridad planteados por el Estado.

Ahí está la diferencia entre una decisión política y una política pública.

Si el gobierno estatal hubiera exigido a Fresnillo retirar a un cantante mientras mantenía en su propia feria a otro artista cuestionado bajo los mismos criterios, habría sido inevitable hablar de doble rasero.

Al aplicar la misma lógica en ambos escenarios, el mensaje es distinto: la seguridad no puede depender de quién gobierna un municipio ni del partido al que pertenece una autoridad.

Eso es lo que debe prevalecer.

No se trata de declarar una guerra contra la música.

Tampoco de convertir a los artistas en responsables de la violencia que padece Zacatecas o cualquier parte del país.

Se trata de reconocer que los espacios financiados, organizados o respaldados por instituciones públicas, tienen una responsabilidad adicional.

Las ferias deben ser espacios de encuentro, convivencia y diversión.

Y en un estado que todavía trabaja para recuperar la tranquilidad y la confianza de su población, cada decisión debe contribuir a ese objetivo.

La congruencia también construye seguridad y cuando el discurso y los hechos caminan en la misma dirección, la política deja de parecer cálculo y empieza a convertirse en responsabilidad pública.