CIUDAD DE MÉXICO. – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició formalmente una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas relacionadas con el proceso de selección y contratación de la plataforma digital utilizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para sus exámenes de ingreso 2026, y otorgó a la institución un plazo de 10 días hábiles para responder 128 requerimientos de información.

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF y fue notificada mediante el oficio UE-IAF/DGI-C/DIC/0109/2026, dirigido al secretario General de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández. El documento establece el inicio del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026.

La revisión se concentra en el contrato otorgado a Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de proporcionar el software para la aplicación y supervisión de los exámenes de ingreso en línea. La ASF busca determinar las razones metodológicas y de mercado que llevaron a la Universidad a realizar dicha adjudicación, además de establecer el impacto económico generado por las fallas que presentó la plataforma.

De acuerdo con el requerimiento, las deficiencias registradas durante las evaluaciones produjeron resultados estadísticamente atípicos y llevaron a la UNAM a implementar un examen de control extraordinario, lo que representó costos adicionales a los previstos originalmente.

Entre la información solicitada por el órgano fiscalizador se encuentra la totalidad de los archivos multimedia generados durante las pruebas. La Universidad deberá entregar los registros de reconocimiento facial, audios ambientales y capturas de pantalla correspondientes a los aspirantes que realizaron los exámenes.

También deberá proporcionar las bitácoras del navegador seguro Lockdown Browser, las bases de datos transaccionales y los elementos que permitan relacionar la información de cada aspirante con su registro, habilitación, aplicación programada y realizada, resultado, alertas, incidencias y evidencias de supervisión.

El documento de la ASF establece que la base de datos deberá permitir identificar la relación entre cada aspirante y la información vinculada con el servicio proporcionado por Territorium Life, los periodos de facturación, las facturas y los pagos efectuados por la UNAM.

“Base de datos en formato electrónico nativo y procesable que permita relacionar, mediante un identificador único común, a cada persona aspirante con su registro, habilitación, aplicación programada, aplicación efectivamente realizada, resultado, alertas o incidencias, evidencia de supervisión, determinación final respecto de la validez del examen, servicio reportado por Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., periodo de facturación, factura correspondiente y pago efectuado por la UNAM; acompañada de la evidencia que permita acreditar el origen, integridad y correspondencia de la información proporcionada con los registros institucionales”, señala el oficio.

La revisión también contempla los estudios institucionales, investigaciones de mercado y dictámenes técnicos utilizados para determinar que Territorium Life era la “única alternativa” viable para prestar el servicio.

Además, la ASF solicitó información financiera relacionada con el contrato, incluidos los costos, transferencias bancarias, facturas y conciliaciones de servicios. Otro de los puntos que serán revisados corresponde al impacto económico adicional derivado de la repetición o modificación de las evaluaciones.

Con estos elementos, la Auditoría pretende establecer si las herramientas destinadas a detectar conductas no permitidas funcionaron de manera adecuada y revisar la cadena de custodia digital de la información generada durante el proceso de admisión.

Como parte de esta revisión, personal de la ASF acudió a las sedes de la UNAM donde se realizó el examen de reposición. Su participación fue en calidad de observadores, con el objetivo de conocer directamente las condiciones técnicas y logísticas bajo las cuales se desarrolló el proceso.

La presencia del personal fiscalizador ocurrió de común acuerdo con la Universidad y permitió observar la aplicación del examen de control, después de las irregularidades detectadas en el proceso original.

El oficio que formalizó la investigación tiene fecha del 14 de agosto de 2026 y fue recibido por la Secretaría General de la UNAM el 17 de agosto. A partir de la notificación, la institución cuenta con 10 días hábiles, sin posibilidad de prórroga, para entregar la información solicitada por la Auditoría Superior de la Federación.

La investigación fue iniciada de oficio por la ASF, aunque también contó con una solicitud de la propia Universidad Nacional para revisar el contrato relacionado con la plataforma utilizada en el proceso de admisión.

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