ARGENTINA. – El gobierno de Argentina anunció este martes 11 de agosto que los extranjeros que no tengan residencia permanente deberán pagar por la atención médica no urgente en hospitales públicos nacionales, como parte de una medida impulsada durante la administración del presidente Javier Milei para combatir lo que las autoridades denominan “turismo de salud”.

La disposición quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, con la que el gobierno puso en práctica un decreto emitido en 2025 que modificó la Ley de Migraciones. La normativa establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán contar con un seguro médico o cubrir el costo de las prestaciones antes de recibir atención por tratamientos que no sean considerados urgentes.

La medida contempla una excepción para los casos en los que exista riesgo para la vida del paciente. En estas situaciones, la atención deberá proporcionarse sin que el paciente tenga que cumplir previamente con requisitos administrativos o realizar algún pago.

“La atención de emergencia no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos”, aclaró este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una rueda de prensa.

El Ministerio de Salud argentino detalló que entre los casos que recibirán atención inmediata se encuentran los infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves y quemaduras extensas. También se incluyen las emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales, entre otras situaciones que representen un riesgo para la vida.

Para los extranjeros que no acrediten residencia permanente y requieran consultas, tratamientos o prestaciones que no sean de emergencia, el nuevo esquema establece que deberán contar con cobertura médica o pagar la totalidad del servicio antes de recibir atención en los hospitales públicos nacionales.

La resolución forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei en materia migratoria. El decreto al que da cumplimiento también estableció condiciones más estrictas para acceder a la residencia y a la ciudadanía argentina, además de mecanismos para acelerar la expulsión de extranjeros que cometan delitos.