CIUDAD DE MÉXICO. – El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia para solicitar la revisión de la actuación de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el organismo electoral le prohibiera utilizar el término “narcopartido” para referirse a Morena. La acusación fue anunciada por el también senador de la República, quien señaló que busca recurrir a mecanismos internacionales ante lo que considera un acto de censura.

Moreno Cárdenas señaló que su denuncia involucra a los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes atribuyó responsabilidad dentro de la determinación que restringió sus expresiones contra el partido en el gobierno.

De acuerdo con el dirigente priista, el recurso presentado ante autoridades estadounidenses pretende que su caso sea revisado bajo los mecanismos contemplados en la llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, conocida como Ley Magnitsky, legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio de Estados Unidos cuando se acreditan violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción.

El presidente nacional del PRI también hizo referencia a un antecedente ocurrido en julio de 2025, cuando Estados Unidos sancionó y revocó la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes, después de considerar que existían afectaciones a la libertad de expresión y acciones de persecución contra opositores políticos.

“Ese antecedente demuestra que las autoridades estadounidenses ya han utilizado sus herramientas para responder frente a conductas que consideran graves afectaciones a la libertad de expresión”, añadió.

Moreno Cárdenas sostuvo que la denuncia ante el Departamento de Estado no representa la única acción que pretende emprender contra la resolución del INE. De acuerdo con su planteamiento, también recurrirá a organismos internacionales para exponer lo que considera restricciones a la libertad de expresión.

Entre las instancias que mencionó se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las cuales, afirmó, buscará llevar el caso.

“Todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y, cuando corresponda, sancionado”, dijo.

El dirigente del PRI también lanzó críticas contra el Instituto Nacional Electoral, al considerar que sus decisiones afectan directamente a quienes forman parte de la oposición política. En ese sentido, acusó que el organismo electoral se encuentra “sometido” y al servicio del poder.

La controversia tiene como antecedente la prohibición para que Moreno Cárdenas utilizara el calificativo “narcopartido” al referirse a Morena. El priista interpreta esa determinación como una limitación a sus expresiones políticas y, por ello, decidió ampliar su estrategia de defensa hacia instancias fuera de México.

“Desde el PRI vamos a defender nuestra libertad de expresión y utilizaremos todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que está sucediendo. No nos van a callar, vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México”, expresó Moreno Cárdenas.

Al concluir su posicionamiento, el dirigente priista dirigió nuevamente sus señalamientos contra integrantes de Morena, a quienes calificó como “cínicos y narcopolíticos”. También afirmó que no permitirá que, desde su perspectiva, se consolide una “dictadura al amparo del crimen organizado”.

Con esta acción, Moreno Cárdenas pretende que la controversia generada por la resolución del INE trascienda el ámbito electoral mexicano y sea conocida por organismos y autoridades internacionales, al considerar que está en juego su derecho a la libertad de expresión.

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