Las deudas de un Estado no siempre se miden en pesos.

Muchas veces se cuentan en vidas, en familias rotas y en años de espera.

Zacatecas ha mostrado avances importantes en materia de seguridad: la reducción de los homicidios dolosos y de otros delitos no puede minimizarse.

Es un indicador que habla de una estrategia que comienza a ofrecer resultados y de una sociedad que anhela recuperar la tranquilidad.

El siguiente desafío también empieza a tomar forma: la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a los casos de no localización han cobrado mayor relevancia.

Ninguna cifra puede devolver a un ser querido, pero reconocer el problema y fortalecer las acciones de búsqueda representa un paso indispensable para cerrar una de las heridas más profundas que ha dejado la violencia.

Sin embargo, existe otra deuda histórica que permanece prácticamente intacta: la justicia.

Las reformas al sistema penal prometieron procesos más ágiles, transparentes y cercanos a la gente.

La realidad sigue siendo muy distinta. Hay personas que pasan años en prisión preventiva esperando una sentencia.

Expedientes que avanzan con una lentitud desesperante; víctimas que aguardan justicia y acusados que permanecen en un limbo jurídico donde el tiempo parece haberse detenido.

Un Estado no puede conformarse con reducir la violencia en las calles si dentro de los tribunales la justicia sigue caminando a paso lento.

La seguridad, la verdad y la justicia forman parte de una misma cadena.

Si uno de esos eslabones falla, la confianza ciudadana vuelve a fracturarse.

La paz no se construye únicamente con menos delitos.

También se fortalece cuando nadie tiene que esperar años para conocer una resolución judicial. Ahí sigue una de las tareas más urgentes.

Una que no admite discursos triunfalistas, sino decisiones firmes para que la justicia deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad para todas y todos.