CIUDAD DE MÉXICO.- La académica de la FES Aragón de la UNAM, Sonia Juárez Moreno, presentó un análisis sobre los retos legislativos de la licencia menstrual en el país, revelando que el desinterés corporativo y la falta de regulación a nivel nacional provocan que el 35% de las trabajadoras sufran descuentos salariales y un 2.4% enfrente despidos injustificados al ausentarse por dolores incapacitantes.

La propuesta busca garantizar un permiso laboral con goce de sueldo para las mujeres que padecen dismenorrea severa, un trastorno que genera contracciones uterinas agudas, sangrados intensos, fiebre o desmayos.

De acuerdo con datos del informe “Menstruación y productividad laboral”, entre el 45% y el 90% de las mujeres experimentan dolor durante su ciclo, y una de cada cinco sufre síntomas tan graves que colapsan su desempeño cotidiano. Esta condición obliga al 45% de la fuerza laboral femenina a faltar a sus empleos, enfrentando sanciones económicas o la pérdida de su fuente de ingresos ante la falta de un marco legal protector.

El panorama normativo en México avanza de manera fragmentada y limitada. Actualmente, solo seis entidades federativas —Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León— reconocen este derecho, pero con una restricción importante: el beneficio se circunscribe exclusivamente a las trabajadoras del sector público y bajo la condición de presentar un certificado médico oficial.

El sector privado, donde se emplea la gran mayoría de las mujeres, carece por completo de regulaciones, y apenas el 5% de las empresas consultadas a nivel nacional cuenta con alguna política interna para gestionar las molestias menstruales de su personal.

A nivel internacional, países como España, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia y Zambia ya han implementado licencias similares con éxito, demostrando que los entornos laborales flexibles reducen el impacto negativo en la productividad general de las empresas. Juárez Moreno señaló que la resistencia para federalizar este derecho en México responde a la complejidad legislativa, pero sobre todo a una arraigada falta de empatía y la persistencia de tabúes sociales en torno a la salud reproductiva femenina.

El debate actual se centra en equilibrar el bienestar biológico con la equidad de oportunidades. Mientras diversos sectores impulsan la medida como un paso indispensable hacia la justicia laboral, otros muestran preocupación de que la licencia derive en una mayor estigmatización o discriminación hacia las mujeres al momento de ser contratadas.

No obstante, frente a las proyecciones que estiman que la participación laboral femenina en México pasará del 40% actual al 53% para el año 2030, los especialistas insisten en que regular la licencia menstrual no es una concesión opcional, sino una reforma estructural urgente para construir un mercado laboral verdaderamente inclusivo.