ZACATECAS, ZAC.- La jueza federal a cargo del amparo promovido contra el incremento a la tarifa del transporte público negó la suspensión provisional solicitada dentro del proceso legal, informó el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, quien además confirmó que el procedimiento judicial continúa en curso y podría prolongarse durante varios meses antes de alcanzar una resolución definitiva.

El funcionario estatal detalló que tanto la Subsecretaría de Transporte Público como la Secretaría General de Gobierno atendieron el requerimiento emitido por el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, como parte del proceso iniciado para controvertir el aumento aplicado al costo del pasaje.

Aunque la negativa de la suspensión provisional representa un avance dentro del procedimiento, Reyes Romo explicó que el juicio de amparo todavía permanece abierto y seguirá su ruta jurídica antes de llegar a una determinación final sobre la legalidad del ajuste tarifario que ha generado cuestionamientos entre algunos sectores.

Respecto al recurso legal promovido contra el aumento en el servicio de transporte urbano, el subsecretario señaló que únicamente tres firmas respaldaron la solicitud de amparo, situación que, desde la perspectiva de la autoridad, refleja que no existe una oposición masiva entre la población por el incremento autorizado.

“Únicamente fueron presentadas tres firmas para respaldar el amparo”, explicó el funcionario al abordar el nivel de respuesta ciudadana frente al ajuste aplicado al transporte público.

Asimismo, indicó que aunque algunas personas expresaron inconformidad por el incremento en el costo del servicio, las autoridades no han identificado una protesta amplia o una movilización social generalizada en rechazo a la medida.

Sobre los argumentos que llevaron a modificar la tarifa del transporte urbano, Javier Reyes Romo explicó que los concesionarios plantearon distintos factores económicos que afectan la operación diaria de las unidades, principalmente el incremento en el precio del diésel, además del encarecimiento de otros gastos relacionados con el funcionamiento y mantenimiento del servicio.

El subsecretario reconoció que el ajuste autorizado al pasaje no representa una solución integral a los problemas financieros que enfrenta actualmente el sector transportista; sin embargo, aseguró que sí constituye un respaldo económico que permite sostener la operación de las rutas urbanas y mantener la prestación del servicio para miles de usuarios.

Además del tema tarifario, el funcionario dio a conocer que la autoridad estatal mantiene un proceso de revisión de unidades del transporte público con el objetivo de retirar aquellos vehículos que representen riesgos para la seguridad de los pasajeros.

Como resultado de estas inspecciones, cuatro unidades ya salieron de circulación tras determinarse que no cumplían con las condiciones necesarias para brindar el servicio de manera adecuada.

Reyes Romo admitió además que cerca del 90 por ciento del parque vehicular del transporte público presenta algún tipo de deficiencia, situación que evidencia los retos operativos que enfrenta actualmente este sector en Zacatecas.

Pese a ello, aclaró que los procedimientos de revisión y eventual retiro de unidades avanzan de manera paulatina para evitar afectaciones mayores a la movilidad de la ciudadanía y garantizar que la prestación del servicio continúe mientras se aplican las medidas correspondientes.

En materia administrativa, el subsecretario anunció también el arranque de un proceso orientado a regularizar concesiones del transporte público urbano, luego de detectar inconsistencias en más del 60 por ciento de los permisos revisados.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, actualmente existen alrededor de 290 concesiones activas y aproximadamente 210 inactivas, estas últimas bajo análisis para una posible cancelación, decisión que dependerá de la evaluación correspondiente por parte del Ejecutivo estatal.

El proceso de regularización busca ordenar la operación del sistema de transporte urbano y corregir irregularidades detectadas en permisos que forman parte de un servicio considerado esencial para la movilidad diaria en la entidad.

Foto: Ricardo Mayorga