ESTADOS UNIDOS. – El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido el 13 de abril de 2026 en Florida, Estados Unidos, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras enfrenta en México órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un caso de fraude contra el Infonavit.

De acuerdo con registros oficiales del gobierno estadounidense, el empresario permanece bajo custodia en el Centro de Detención del condado de Glades, donde fue ubicado tras su captura por autoridades migratorias.

Zaga Tawil es señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los principales implicados en un esquema que habría generado un daño económico de más de 5 mil millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El caso tiene su origen en 2014, cuando el Infonavit firmó acuerdos con la empresa Telra Realty, de la cual el empresario fungía como apoderado legal, para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y recuperación de vivienda.

Años después, ya bajo una nueva administración, el organismo decidió cancelar dichos contratos al considerar que su adjudicación fue irregular. Esta decisión derivó en una negociación entre ambas partes que concluyó con el pago de una indemnización superior a los 5 mil millones de pesos a favor de la empresa, lo que posteriormente fue catalogado por autoridades como un posible acto fraudulento.

La Fiscalía sostiene que Telra Realty no contaba con la capacidad técnica ni la infraestructura necesaria para cumplir con los servicios establecidos en los convenios originales, por lo que el pago habría carecido de sustento legal.

Las investigaciones también alcanzaron a exfuncionarios del propio instituto, quienes fueron detenidos por su probable participación en el caso. Sin embargo, Zaga Tawil logró evadir la acción de la justicia mexicana durante varios años, pese a que desde el 30 de junio de 2022 existía una orden de captura en su contra.

En julio de 2024, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez determinó ampliar y ratificar dichas órdenes de aprehensión, incluyendo también a su hijo, lo que reforzó su condición de prófugo en territorio mexicano.

El caso ha estado marcado por una serie de procesos legales complejos. En distintos momentos, la defensa del empresario logró frenar acusaciones mediante recursos judiciales, incluso anulando imputaciones previas; no obstante, las autoridades federales reactivaron las órdenes de captura en 2024, reavivando el proceso penal en su contra.

Además del presunto fraude, el expediente incluye acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que ha convertido este asunto en uno de los más relevantes dentro de las investigaciones por corrupción vinculadas a recursos públicos en el sector vivienda.

Hasta ahora, no se ha confirmado el inicio de un proceso formal de extradición, aunque su detención en territorio estadounidense abre la posibilidad de que enfrente a la justicia mexicana en los próximos meses, dependiendo de los procedimientos legales que determinen ambos países.

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