CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este 24 de febrero de 2026 en Palacio Nacional que su equipo jurídico evalúa presentar una demanda contra el empresario Elon Musk, luego de que el magnate difundió en la red social X un mensaje en el que insinuó presuntos vínculos de su gobierno con el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió de manera directa a los señalamientos que circularon en plataformas digitales y que generaron reacciones dentro y fuera del país. Frente a medios de comunicación, afirmó: “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados”. Con esa declaración confirmó que la posibilidad de acudir a instancias judiciales se encuentra bajo análisis formal.

El comentario de Musk desató polémica por el alcance internacional del empresario y por la gravedad de la insinuación. La presidenta sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y rechazó cualquier señalamiento que ponga en duda la legitimidad de su administración. En su mensaje, dejó claro que su gobierno no permitirá que se difundan afirmaciones que, a su juicio, afectan la investidura presidencial y la imagen del país.

Sheinbaum subrayó que México es un Estado soberano y que las decisiones sobre seguridad y política interna corresponden exclusivamente a sus instituciones. En ese contexto, reiteró: “A mí me importa lo que dice el pueblo”, al enfatizar que su prioridad es la ciudadanía mexicana y no las opiniones de actores extranjeros.

La eventual demanda abriría un escenario inédito en la relación entre el gobierno mexicano y uno de los empresarios más influyentes del mundo tecnológico. El equipo legal de la Presidencia analiza los alcances del mensaje difundido por Musk, así como las posibles vías jurídicas que podrían emprenderse, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

La controversia también reavivó el debate sobre la responsabilidad de figuras públicas en redes sociales y el impacto que sus declaraciones pueden tener en el ámbito político y diplomático. Mientras tanto, la Presidencia no detalló plazos para una decisión definitiva, aunque dejó claro que la vía legal se mantiene como una opción real.

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