CIUDAD DE MÉXICO. – La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo mediante el cual la cédula profesional dejó de ser válida como documento de identificación oficial en el país, medida que impacta a profesionistas, instituciones públicas y entidades privadas que la aceptaban para trámites administrativos.

La disposición establece con claridad que las cédulas profesionales, tanto en formato físico como electrónico, expedidas por la Dirección General de Profesiones, “no constituyen el documento de identificación oficial de las personas”. El aviso entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que desde entonces ninguna autoridad o institución puede reconocerla como medio oficial para acreditar identidad.

Durante años, este documento funcionó no solo como comprobante de estudios y autorización para ejercer una profesión, sino también como alternativa para identificarse en bancos, notarías, dependencias gubernamentales e incluso en ciertos trámites judiciales. Con el nuevo criterio, esa práctica quedó sin efecto.

La modificación no elimina la validez de la cédula profesional como instrumento que acredita la formación académica y el registro oficial del título ante la autoridad educativa. Su función permanece intacta en cuanto a certificar que una persona concluyó estudios profesionales y cuenta con autorización legal para ejercer. Sin embargo, su uso queda limitado a ese ámbito.

El ajuste normativo forma parte de una estrategia para consolidar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad en México. Particularmente, la versión biométrica —que incorpora fotografía y huellas dactilares— se posiciona como el documento con reconocimiento obligatorio en todo el territorio nacional para acreditar identidad ante autoridades y particulares.

La intención de las autoridades es homologar criterios y evitar disparidades en la aceptación de documentos. En distintos espacios, la cédula profesional era admitida como identificación oficial, mientras que en otros no, lo que generaba confusión y falta de uniformidad en los procedimientos administrativos.

Con esta decisión, para realizar trámites que exijan identificación oficial, las personas deberán presentar documentos reconocidos expresamente como tales, como la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, el pasaporte vigente o la CURP biométrica, según corresponda a cada caso.

El cambio tiene implicaciones prácticas inmediatas para millones de profesionistas en el país, quienes ahora deberán prever que su cédula profesional ya no será suficiente para identificarse ante instituciones públicas o privadas. La medida marca un paso en la política de centralización de identidad que impulsa el Gobierno federal y redefine el papel de uno de los documentos más utilizados por la población con estudios superiores.

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