ESTADOS UNIDOS. – Una serie de enfrentamientos entre policías federales y manifestantes se registró en Minneapolis, Minnesota, este jueves, luego de que una mujer muriera a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado un día antes, hecho que generó indignación social, protestas masivas y un fuerte cruce de declaraciones entre autoridades locales y el gobierno federal de Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, quien perdió la vida el miércoles durante una redada migratoria en el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba dentro de su vehículo cuando agentes del ICE se aproximaron como parte de un operativo de detención. En circunstancias que aún son motivo de investigación, uno de los agentes disparó contra el automóvil, provocando la muerte de la conductora.

El caso detonó protestas casi de inmediato. Desde la tarde del jueves, decenas de personas se congregaron frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Saint Paul, donde se registraron empujones, gritos y confrontaciones directas con agentes federales. Los manifestantes corearon consignas contra el ICE y portaron pancartas con mensajes como “ICE = asesino”, mientras los elementos de seguridad respondieron con gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Durante los disturbios, al menos una persona fue detenida.

La muerte de Macklin Good ocurrió en el contexto de una intensificación de las acciones migratorias impulsadas por el gobierno federal. En los últimos días, autoridades estadounidenses desplegaron a miles de agentes en la región y realizaron más de mil quinientas detenciones como parte de una estrategia de control migratorio que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de gobiernos locales y organizaciones civiles.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento previo al tiroteo, en el que se observa a la mujer dentro del vehículo mientras agentes se acercan para realizar la detención. La versión oficial sostiene que la conductora intentó avanzar con el automóvil y representó un riesgo para los agentes. Sin embargo, en las grabaciones no queda claro si el vehículo llegó a impactar a alguno de los elementos antes de que se produjera el disparo.

Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la actuación del agente involucrado y calificó el hecho como “un acto de terrorismo doméstico”, al asegurar que la mujer intentó embestir a los oficiales. El presidente Donald Trump también defendió públicamente la operación y reiteró que los agentes actuaron para proteger su integridad.

Las declaraciones federales provocaron una reacción inmediata de las autoridades locales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó de manera contundente la postura del gobierno federal y exigió la salida del ICE de la ciudad. Tras revisar los videos del incidente, el edil afirmó que la versión oficial no se sostiene y calificó la defensa de la administración federal como “una mierda”, al considerar que no se trató de un acto de legítima defensa.

La indignación también se reflejó en el ámbito comunitario. Familiares y personas cercanas a la víctima señalaron que Macklin Good y su esposa habían llegado recientemente a la ciudad y tenían un hijo. En imágenes captadas tras el operativo se observa a la pareja visiblemente afectada junto al vehículo en el que ocurrió el ataque, escena que avivó el enojo social y fortaleció las demandas de justicia.

Las protestas no se limitaron a Minneapolis. Movilizaciones similares se registraron en ciudades como Nueva York, Seattle, Detroit, Washington, Los Ángeles y Filadelfia, donde colectivos y activistas denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del ICE y exigieron un alto a las redadas migratorias.

Mientras las investigaciones continúan bajo supervisión federal, el ambiente en Minneapolis permanece tenso. Algunas escuelas suspendieron actividades como medida preventiva y las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles nuevas manifestaciones. El caso reavivó el debate nacional sobre las políticas migratorias, el uso de la fuerza por parte de agencias federales y la relación entre el gobierno central y las ciudades que se han declarado santuario.

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