CIUDAD DE MÉXICO.- En el Senado de la República, con al menos 70 votos a favor y 39 en contra, fue aprobada una reforma significativa a la Ley de Amparo que genera debates entre juristas, organizaciones civiles y el propio Ejecutivo.

Entre los implicados destacan la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de Morena y críticos del proyecto, quienes advierten riesgos para el escudo jurídico que protege derechos fundamentales.

En marzo de 2025 se publicó un decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Aunque varios aspectos habían comenzado a aplicarse ya, la más reciente versión enviada por la presidencia endurece requisitos y limita herramientas procesales.

Uno de los cambios más polémicos es la redefinición del “interés legítimo”. Con la reforma, sólo podrá pedir amparo quien acredite un daño personal, concreto, directo. De ese modo, organizaciones u colectivos tienen mayor obstáculo para litigar en defensa de causas comunes.

Otro punto crítico es la limitación a las suspensiones: los jueces podrán negar medidas cautelares si estiman que afectan el interés social o el orden público.

También queda prohibida la suspensión de actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, como bloqueos de cuentas, en casos vinculados con recursos de procedencia ilícita.

En materia penal, la reforma impide suspender la ejecución de prisiones preventivas oficiosas.

Además se impone un plazo límite de 60 días naturales para dictar sentencias en amparo y se impulsa la digitalización del procedimiento.

También desaparece la responsabilidad directa del servidor público por incumplimiento de sentencias: en cambio, la dependencia asume las consecuencias.

El proyecto ha sido defendido como una modernización necesaria. En voz de Ernestina Godoy: el juicio actual “es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales” que requieren reglas “muy precisas y claras”.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte, sostuvo que “en este Gobierno no se avalan actos contrarios a la Constitución”, al referirse a la cláusula de aplicación retroactiva que ha sido particularmente criticada.

Sin embargo, críticos alertan que la reforma concentra poder en la autoridad, socava la seguridad jurídica y deja sin freno posibles abusos. Para ellos, se trata de “una reforma pro autoridad”.

La presidenta también se ha pronunciado: rechazó la retroactividad y urgió corregir el texto en el congreso federal.

El debate sigue vivo, pues la reforma aún debe discutirse en San Lázaro. De fondo se cuestiona qué tan robusta debe ser la defensa legal frente al poder y qué límites debe tener el control constitucional.