— No podrán ser sometidos a la pena de muerte

El Gabinete de Seguridad anunció que 26 internos, recluidos en diversos centros penitenciarios del país, han sido trasladados a Estados Unidos.

Estos individuos están vinculados, según las autoridades mexicanas, con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos graves, publicó Milenio Noticias.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han asegurado que estos reos no podrán ser sometidos a la pena capital durante su proceso en territorio norteamericano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió públicamente a no solicitar la pena de muerte para estos reclusos, en un acuerdo que forma parte de la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicaron que estas personas representan un riesgo constante para la seguridad pública, además de que todas cuentan con órdenes de extradición pendientes.

Las instituciones mexicanas destacaron que el traslado, la custodia y la entrega formal de los reos se realizaron siguiendo estrictos protocolos institucionales, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos fundamentales y al debido proceso, en línea con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Además, señalaron que esta operación se inscribe en los esfuerzos de coordinación, cooperación y reciprocidad entre ambos países, en un marco de respeto a la soberanía nacional. La Secretaría de Seguridad anunció que mañana ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre esta acción.

Entrega de narcotraficantes en 2025: un precedente importante

Este traslado se suma a la entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, realizada el 27 de febrero de 2025.

Entre ese primer grupo se encontraban figuras prominentes, como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

Los narcotraficantes entregados pertenecían a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

La operación se llevó a cabo en diferentes puntos de la frontera entre ambos países, en un esfuerzo conjunto para desmantelar las redes criminales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la entrega fue completamente legal.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, organismo que, en ocasiones, actúa sin consultar directamente a la Presidencia por motivos de seguridad nacional.

“Fue una acción legal, en defensa de la seguridad del país. El Consejo de Seguridad Pública tomó la decisión en función de proteger la soberanía y la integridad de México”, afirmó la mandataria, destacando que estas decisiones se toman en el marco del interés nacional y la protección de los ciudadanos.

Con información de Milenio Noticias