El escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue creciendo y ya alcanzó el terreno financiero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de 40 personas vinculadas con proveedores de material electoral: 25 físicas y 15 morales, luego de detectar operaciones con indicadores de posible procedencia ilícita.

Entre los nombres señalados en distintas publicaciones periodísticas aparece el de Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, así como el de los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con contratos electorales.

Sin embargo, la UIF no ha confirmado oficialmente si Taddei figura en la lista, cuyo contenido es reservado.

Conviene no confundir una investigación financiera con una declaración de culpabilidad.

La dimensión del caso tampoco es menor. La Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión de las contrataciones del IFE, el INE y los organismos públicos locales electorales de 2000 a 2025.

Además, reportó irregularidades históricas por más de 8 mil 870 millones de pesos en la gestión del instituto.

En medio de este panorama, el INE parece empeñado en exhibir su autoridad moral sancionando a los partidos políticos.

Este jueves informó de multas superiores a 55 millones de pesos a Morena, PAN y Partido Verde por afiliaciones indebidas y utilización no autorizada de datos personales.

También aprobó sanciones por un millón 177 mil 695 pesos en otros procedimientos de fiscalización, por gastos no reportados, aportaciones prohibidas y omisiones en la rendición de cuentas.

Pero aquí aparece una contradicción política e institucional que merece atención: el árbitro electoral exige cuentas a los partidos mientras su propia estructura enfrenta señalamientos que comprometen su credibilidad.

Fiscalizar a los actores políticos es una obligación del INE, no una demostración de que sus propias prácticas estén libres de sospecha.

La investigación no debe convertirse en un ajuste de cuentas ni tampoco quedar reducida a la salida de una presidenta.

Hay contratos, proveedores, funcionarios y decisiones administrativas que deben revisarse, identificar responsabilidades y, cuando existan elementos, llevarse hasta las últimas consecuencias legales.

La UIF ya puso en marcha los bloqueos preventivos y la ASF amplió la lupa.

Nadie debería sentirse intocable frente a una revisión de sus operaciones financieras o del manejo de recursos públicos, pero tampoco basta con congelar cuentas para dar por probada una red de corrupción.

El problema de fondo es mucho más grave: la institución encargada de garantizar la limpieza de las elecciones está obligada ahora a demostrar que también puede garantizar la limpieza de su propia casa.

Y esa confianza no se recupera con discursos de transparencia ni con multas a los partidos, sino con investigaciones completas, expedientes públicos en lo que la ley permita y responsabilidades sin privilegios.

En el INE ya no basta con señalar las irregularidades ajenas. Primero tendrá que responder por las propias.

Y mientras tanto los partidos mantienen la exigencia de la elección de una nueva titular del INE que tenga vasta provida, un currículo sin mancha y que logre la conciliación con todos los institutos políticos.

Puede que todo lo primero sí lo encuentren en alguien, pero es lo último, lo de la conciliación con todos los partidos lo veo muy difícil porque siempre habrá alguien que le ponga un pero a los nombramientos, sobre todo si sienten que no han sido o serán favorecidos de alguna manera…