— El exdirector enfrenta un proceso judicial independiente por violencia familiar

CIUDAD DE MÉXICO.- Un contrato de adjudicación directa por 4 mil 838 millones de pesos, otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración Víctor Rodríguez Padilla, se encuentra bajo escrutinio tras la presentación de una denuncia ciudadana ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y diversas instancias fiscalizadoras.

El documento, interpuesto el pasado 6 de julio, solicita investigar presuntas irregularidades, simulación de competencia y posibles conflictos de interés en el contrato PMX-2025-98-347. Este acuerdo fue avalado el 25 de julio de 2025, durante la gestión de Rodríguez Padilla, quien actualmente enfrenta un proceso judicial independiente por violencia familiar.

La adjudicación, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, se justificó bajo la excepción de licitación pública argumentando razones de seguridad nacional y protección de infraestructura estratégica. El objetivo es el arrendamiento, mantenimiento y sustitución de entre 350 y 1,200 vehículos especializados por ejercicio fiscal, destinados al combate del mercado ilícito de hidrocarburos.

El consorcio beneficiado está integrado por las empresas Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.. De acuerdo con los alegatos presentados en la denuncia, existen indicios de que la estructura corporativa de estas firmas podría ocultar a los verdaderos beneficiarios finales.

La querella señala supuestas coincidencias de representantes legales y accionistas con otros grupos empresariales del sector automotriz y financiero, además de presuntas gestiones basadas en relaciones de amistad con funcionarios actuales del gobierno federal, como el titular de Birmex.

Ante la magnitud de los recursos públicos comprometidos, los denunciantes han solicitado la intervención coordinada de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de Pemex.

Las peticiones formales exigen auditorías exhaustivas para verificar la legalidad del fallo, la capacidad técnica y financiera del consorcio al momento de la firma, y rastrear la ruta del dinero. Asimismo, demandan que, de comprobarse daño patrimonial o delitos de corrupción, se proceda con sanciones administrativas y penales.