CIUDAD DE MÉXICO.- Entre el 4 y el 11 de junio de 2026, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias de desaparecidos en México exigieron al gobierno federal y a las autoridades locales el cese inmediato a la criminalización de sus protestas, las cuales fueron obstaculizadas por fuerzas de seguridad en la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, en el marco de las celebraciones por la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026.

A través de un comunicado conjunto, agrupaciones como DATACIVICA, Fundar, Red TDT y Luz de Esperanza, detallaron que las movilizaciones pacíficas realizadas durante esta semana tenían como objetivo principal visibilizar la crisis que enfrenta el país, con más de 134 mil personas reportadas como desaparecidas.

Sin embargo, las organizaciones señalaron que en lugar de atender las demandas de localización, la respuesta de las autoridades consistió en una “presencia desproporcionada de elementos policiales”, el encapsulamiento sistemático de los contingentes y la emisión de citatorios judiciales para disuadir su participación.

Incidentes en sedes mundialistas y vías de acceso
El documento detalla una serie de operativos policiales en distintas ciudades. En Toluca, previo al encuentro entre las selecciones de México y Serbia en el Estadio Nemesio Diez, el colectivo Flores en el Corazón organizó una “cascarita antimundial” utilizando fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares.

La manifestación fue bloqueada por policías, incluyendo elementos montados a caballo, quienes les impidieron el paso.

Una situación similar se documentó en Puebla, donde aproximadamente 300 elementos antimotines encapsularon al colectivo Voz de los Desaparecidos en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

Durante el operativo, las manifestantes denunciaron haber sufrido empujones y el despojo de sus pertenencias. A raíz de este evento, la Fiscalía General del Estado de Puebla emitió citatorios a varias integrantes del colectivo exactamente para el día de la inauguración del torneo; una acción que consideraron una maniobra deliberada para inmovilizarlas.

En la Ciudad de México se reportaron dos bloqueos de gran magnitud. Por un lado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon a los colectivos que se manifestaban sobre la Calzada de Tlalpan el día de la inauguración. Por otro lado, 17 autobuses que transportaban a madres, padres y estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos en la caseta de cobro de Tlalpan bajo el argumento de “seguridad nacional”. Los familiares señalaron irregularidades en los protocolos de revisión, acusando la siembra de artefactos y la presencia de un infiltrado, lo que derivó en la cancelación definitiva de su mitin programado en el Hemiciclo a Juárez.

Posicionamiento oficial y respuesta de las familias
La tensión se intensificó tras la conferencia La Mañanera del Pueblo del 11 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante este espacio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuestionó la legitimidad de las protestas y señaló que algunos colectivos originarios de Jalisco presuntamente recibieron apoyo económico de actores opositores al gobierno para trasladarse y marchar en la capital.

Las familias y organizaciones rechazaron de manera rotunda estas afirmaciones. Acusaron que sugerir “intenciones ajenas” constituye un acto de estigmatización pública que eleva los riesgos de seguridad para los colectivos, advirtiendo que “desviar el debate hacia el financiamiento” funciona como una estrategia gubernamental de deslegitimación frente a la crisis de desapariciones.

Como parte de sus demandas, exigieron garantías para su derecho a la libre manifestación, seguridad para las agrupaciones en Jalisco, el esclarecimiento de las irregularidades con el contingente de Ayotzinapa y acciones sustantivas en materia de verdad y justicia. El comunicado cierra con las siguientes precisiones textuales:

“La soberania y la grandeza de un Estado no se miden por la capacidad de organizar un Mundial, sino por su capacidad de garantizar justicia y su voluntad de responder a quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos”.

“Las familias buscadoras no son un problema de seguridad publica ni un asunto de financiamiento politico. Son victimas que exigen lo que el Estado les debe: verdad y justicia”.

Foto de portada: Giselle Velasco Matías