La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para someter a revisión exhaustiva a quienes aspiren a cargos de elección popular —incluidos los perfiles del Poder Judicial— parece una respuesta obligada a una realidad que desde hace tiempo avergüenza a la política mexicana: la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

No se trata de un discurso alarmista. Ahí están los casos ventilados mediante el Operativo Enjambre, donde alcaldes y funcionarios terminaron detenidos por sus presuntos vínculos con grupos criminales.

Las investigaciones incluso apuntan al financiamiento de campañas y a la penetración del crimen en gobiernos municipales.

El problema dejó de ser una sospecha aislada para convertirse en una amenaza evidente.

En ese contexto, que ahora se plantee una revisión de integridad con participación de instancias como la UIF, fiscalías y organismos de inteligencia, no debería verse como un exceso, sino como una medida mínima de contención. .

El verdadero riesgo ya no es solamente quién gana una elección, sino quién está detrás de quienes la ganan.

La clase política mexicana llegó a un punto donde muchos expedientes públicos eran suficientes para prender alertas, pero aun así, los partidos seguían postulando perfiles impresentables.

Alcaldes investigados, candidatos ligados a grupos sospechosos, personajes con fortunas inexplicables o antecedentes oscuros terminaban convertidos en autoridades porque nadie quiso revisar más allá de la rentabilidad electoral.

Y sí, la medida también deberá aplicarse al Poder Judicial.

Resultaría absurdo exigir filtros para alcaldes, diputados o gobernadores y dejar intacto un sistema judicial en el que también existen señalamientos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos políticos.

Si el nuevo modelo pretende que jueces y magistrados lleguen mediante procesos electorales, entonces la revisión de integridad tendría que ser todavía más rigurosa.

Claro que el reto será enorme: evitar que estas herramientas terminen convertidas en mecanismos de persecución política o control selectivo.

La revisión debe ser técnica, transparente y sustentada en investigaciones reales, no en sospechas convenientes ni en venganzas partidistas.

Pero en esencia, la propuesta toca un punto que durante años se quiso ignorar: el crimen organizado dejó de conformarse con presionar gobiernos; ahora busca gobernar desde dentro.

Y mientras eso ocurra, cualquier filtro serio será preferible al cinismo con el que durante demasiado tiempo se permitió que personajes impresentables llegaran al poder para después fingir sorpresa cuando terminaban esposados.