AFP

Laredo, Texas- A la profesora Nayda Álvarez, residente de la ribera del río Grande (río Bravo), el gobierno del presidente Donald Trump le dio cinco días para decidir si permite que un tramo del muro fronterizo atraviese su jardín. De no aceptar, advierte la notificación oficial, su propiedad podría ser expropiada.

Álvarez, de 54 años, vive en La Rosita, una pequeña comunidad ubicada a unos 140 kilómetros al sureste de Laredo. En febrero recibió un documento fechado el día 13 con tres opciones: aceptar mil dólares para permitir el acceso a su terreno, negociar un contrato de compra o servidumbre con el gobierno federal, o enfrentar un proceso de expropiación.

“Ese muro pasaría por mi jardín”, relata mientras evalúa qué decisión tomar.

Cartas y presión a propietarios

Al menos 60 propietarios en la zona recibieron en febrero una carta titulada “Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos”. Entre ellos se encuentra Antonio Rosales Jr., de 75 años, cuya vivienda de madera también está en el área proyectada.

“Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles”, lamentó.

En Laredo, ciudad de más de 250 mil habitantes mayoritariamente hispanos, barrios completos, parques, senderos y hasta cementerios familiares se ubican a lo largo de la ribera del río, sin barreras físicas. La posible ampliación del muro impactaría directamente estas zonas residenciales.

Denuncian apropiación masiva

Para Édgar Villaseñor, activista del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, el proceso constituye “una apropiación masiva de tierras” en el sur de Texas y en propiedades ribereñas.

El gobierno estadounidense planea reforzar la frontera con México mediante un “muro inteligente” a lo largo de más de tres mil kilómetros. Un tercio de esa extensión ya contaba con infraestructura antes del segundo mandato de Trump. El plan contempla muros físicos adicionales, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que, para lograr el control operativo de la frontera, la ley obliga a construir la infraestructura necesaria, por lo que se contacta a propietarios como parte del proceso de adquisición de terrenos.

Durante su más reciente discurso sobre el Estado de la Unión, Trump reiteró su postura en materia migratoria y aseguró que en su primer año logró “la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”.

Mientras tanto, en comunidades como La Rosita, familias enteras enfrentan la disyuntiva de negociar con el gobierno o resistir la posible pérdida de parte de su patrimonio.