El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para ampliar de manera significativa su política de represión contra la inmigración a partir de 2026, a pesar de las crecientes reacciones adversas y del impacto político que ya comienza a reflejarse rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

De acuerdo con planes de su administración, la estrategia incluirá redadas más frecuentes en lugares de trabajo, lo que podría derivar en un aumento sustancial de detenciones de personas migrantes y generar afectaciones directas a la economía estadounidense, particularmente en sectores que dependen de esta mano de obra. Aunque en lo que va del año se realizaron operativos de alto perfil, las autoridades habían evitado en gran medida intervenir en granjas, fábricas y empresas clave, situación que podría cambiar el próximo año.

El endurecimiento de la política migratoria estará respaldado por un incremento histórico de recursos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza recibirán 170 mil millones de dólares adicionales hasta septiembre de 2029, frente a presupuestos anuales actuales cercanos a 19 mil millones. Con estos fondos, el gobierno prevé contratar a miles de nuevos agentes, abrir centros de detención, aumentar la captura de personas en cárceles locales y recurrir a empresas privadas para localizar a migrantes sin estatus legal.

Sin embargo, el avance de estas medidas ocurre en un contexto de creciente desgaste político. En ciudades como Miami, una de las más impactadas por la represión migratoria, los votantes eligieron recientemente a su primer alcalde demócrata en casi tres décadas, resultado que analistas atribuyen en parte al rechazo a las tácticas federales. Encuestas recientes también muestran una caída en la aprobación de Trump en materia migratoria, que pasó de 50 por ciento en marzo a 41 por ciento a mediados de diciembre.

Especialistas advierten que el enfoque en los centros de trabajo podría elevar los costos laborales, afectar a empresarios afines al Partido Republicano y complicar la estrategia del presidente contra la inflación, tema clave rumbo a las elecciones legislativas. Además, datos oficiales revelan que una proporción importante de las personas detenidas no cuenta con antecedentes penales más allá de presuntas violaciones migratorias. Alrededor del 41 por ciento de las aproximadamente 54 mil personas arrestadas y detenidas a finales de noviembre se encontraba en esa situación, frente a apenas seis por ciento registrado antes del inicio del actual mandato.

La administración Trump también ha intensificado acciones contra migrantes con estatus legal, incluyendo detenciones durante trámites de residencia, cancelaciones de visados estudiantiles y la revocación de permisos temporales a cientos de miles de personas originarias de Haití, Venezuela y Afganistán. Hasta el momento, se reporta la deportación de alrededor de 622 mil inmigrantes, lejos del objetivo presidencial de expulsar a un millón por año.

Desde la Casa Blanca, el jefe de política fronteriza, Tom Homan, defendió la estrategia al asegurar que se trata de una operación histórica que prioriza la expulsión de delincuentes y el cierre de la migración ilegal. No obstante, reconoció que las detenciones aumentarán de manera considerable conforme se amplíe la capacidad operativa del gobierno federal, un escenario que anticipa un debate político y social aún más intenso en los próximos meses.