Al cierre del año, la situación de los institutos locales de transparencia en México evidencia más incertidumbre que avances. Tras la desaparición del INAI y la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades federativas tenían la obligación de armonizar su marco jurídico y crear órganos desconcentrados que asumieran plenamente las funciones de garantía del derecho de acceso a la información. Sin embargo, el proceso permanece incompleto en la mayoría de los estados.

De acuerdo con Julieta del Río Venegas, la falta de autoridades sustitutas ha generado un vacío institucional que impacta directamente a la ciudadanía, ya que en muchos casos no existe una instancia clara ante la cual impugnar respuestas incompletas o negativas a solicitudes de información. Señaló que no puede hablarse de una reforma exitosa mientras el derecho de acceso a la información carezca de mecanismos efectivos de defensa.

El avance desigual en los congresos locales ha provocado distintos escenarios: algunos institutos continúan sesionando de manera transitoria, otros han suspendido plazos y varios más cerraron definitivamente sin que el nuevo modelo esté completamente en operación. Esta situación ha derivado en una parálisis de los recursos de inconformidad y en confusión dentro de las contralorías estatales, que actualmente solo atienden temas de datos personales y la operación técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Estados como Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Nayarit y Sinaloa aún operan bajo esquemas provisionales, mientras que entidades como Coahuila, Puebla, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco ya implementaron órganos desconcentrados, aunque con modelos poco homogéneos. En contraste, varios estados cerraron formalmente sus institutos, entre ellos Zacatecas, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán y Chiapas, mientras que en otros el proceso sigue en curso.

Del Río Venegas advirtió que extinguir institutos sin contar con autoridades garantes plenamente operativas representa un retroceso en la protección de derechos y debilita la transparencia. Subrayó que, aunque se han aprobado nuevos lineamientos técnicos de la Plataforma Nacional de Transparencia, estos no sustituyen la función sustantiva de las autoridades encargadas de vigilar y garantizar el acceso a la información.

Finalmente, llamó a los estados a cumplir con la ley, poner en marcha los órganos desconcentrados y reactivar las funciones hoy paralizadas, al advertir que normalizar el vacío institucional deja en suspenso un derecho fundamental de la ciudadanía.