La búsqueda de certeza jurídica para miles de propietarios de vehículos extranjeros vuelve a la discusión pública en Zacatecas.

Este jueves, la Unión Democrática Campesina (UDC) y la organización Trezac anunciaron una alianza para ampliar a 14 estados su cobertura de afiliación vehicular, mediante un padrón, folios de identificación y acompañamiento a sus agremiados.

El trámite contempla una cooperación de entre 300 y 500 pesos, con vigencia anual; sin embargo, hay una diferencia fundamental entre registrar un automóvil ante una organización y acreditar su legal estancia en México.

El decreto federal que permitió regularizar los llamados autos chocolate concluyó el pasado 31 de diciembre de 2025.

No se trata de una disposición constitucional, sino de un decreto presidencial de carácter extraordinario, cuya última reforma estableció el cierre del programa.

Desde el primero de enero de 2026, ya no es posible regularizar vehículos mediante ese mecanismo.

El esquema permitió incorporar al registro oficial casi 3 millones de vehículos hasta noviembre de 2025.

Fue una respuesta a una realidad económica: familias que encontraron en estos automóviles una alternativa de transporte ante los elevados precios del mercado nacional.

Pero también dejó preguntas sobre la capacidad de las autoridades para garantizar que las unidades cumplieran condiciones mecánicas, ambientales y documentales, y para impedir que vehículos de procedencia irregular siguieran circulando al margen de la ley.

El cierre del programa no significa que toda importación esté prohibida.

Existen vías legales para importar vehículos usados, sujetas a requisitos y contribuciones aduaneras.

El problema es que estas opciones pueden resultar costosas para quienes compraron un automóvil sin prever que la regularización extraordinaria terminaría.

En ese vacío aparecen las organizaciones que ofrecen empadronamiento y respaldo, pero sus alcances deben explicarse sin ambigüedades: un folio, engomado o lámina de identificación expedidos por una asociación en realidad no equivalen a placas oficiales, pedimento de importación ni regularización.

Tampoco garantizan inmunidad frente a revisiones, aseguramientos o consecuencias legales derivadas de la situación del vehículo.

Quienes se afilien deben conocer qué protección reciben realmente y qué compromisos asume la organización.

Entregar dinero y documentos personales sin verificar su destino, las condiciones del servicio y sus límites puede generar gastos inútiles y una falsa sensación de seguridad.

Ninguna asociación puede garantizar que sus afiliados circulen sin problemas si carecen de los documentos exigidos por la autoridad.

La necesidad de transporte es legítima; convertirla en una promesa de protección que no puede cumplirse sería irresponsable.

La UDC y Trezac deben transparentar el alcance de sus servicios, mientras los gobiernos Federal y estatal tienen pendiente ofrecer información clara y alternativas accesibles.

No perdamos de vista que afiliar un automóvil no es legalizarlo y confundir ambas cosas puede terminar costándole al propietario mucho más que una cuota anual.

Es preferible verificar todas las posibilidades de circular sin mayor problema en un vehículo de procedencia extranjera antes de comprarlo.