La detención de más de 70 mil personas durante la actual administración federal ha colocado al sistema penitenciario mexicano frente a una presión que ya no puede ignorarse.

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, con capacidad proyectada para 18 mil 480 internos, en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

La meta es atender la sobrepoblación que ha acompañado el incremento de las operaciones de seguridad.

Pero detener más personas también obliga a preguntarse qué sigue después de las capturas.

La decisión representa una apuesta importante de recursos públicos.

Construir cárceles requiere terrenos, infraestructura, tecnología de vigilancia y sistemas de seguridad.

Después vienen los gastos permanentes: custodios, alimentación, servicios médicos, mantenimiento y programas de reinserción.

El costo no termina cuando se inaugura un penal; se convierte en una obligación presupuestal durante décadas.

El problema es que, aunque las detenciones pueden debilitar estructuras criminales y retirar de circulación a personas peligrosas, el encarcelamiento por sí solo no garantiza la pacificación.

Si las organizaciones conservan sus redes financieras, capacidad de reclutamiento y control territorial, otros integrantes pueden ocupar el lugar de quienes fueron detenidos.

Y si las prisiones se convierten en centros de operación delictiva, la estrategia corre el riesgo de reproducir el problema que pretende combatir.

Zacatecas conoce esta realidad: la entidad dispone de centros regionales de reinserción social, entre ellos los de Cieneguillas y Fresnillo, pero no figura entre los seis estados seleccionados para las nuevas instalaciones.

En otros años, las autoridades trasladaron internos a penales federales para preservar la gobernabilidad y reducir la presión sobre los centros locales.

El traslado resuelve una necesidad inmediata, pero no sustituye una política penitenciaria de largo plazo.

La exclusión de Zacatecas abre una discusión sobre los criterios federales para distribuir la infraestructura carcelaria.

La asignación debe responder a indicadores de ocupación, peligrosidad, capacidad operativa y necesidades regionales, no solamente a decisiones administrativas o disponibilidad de terrenos.

La pacificación exige detener a quienes cometen delitos, investigar con eficacia, obtener sentencias y desarticular las estructuras criminales.

También demanda impedir que las cárceles funcionen como centros de mando y garantizar oportunidades reales de reinserción.

Más espacios penitenciarios pueden ser necesarios; sin embargo, la cantidad de personas encarceladas no debería convertirse en el principal indicador del éxito de la seguridad pública.

Una política de seguridad no se mide únicamente por cuántos delincuentes entran a prisión, sino por cuántos delitos dejan de cometerse, cuántas víctimas se evitan y cuánta tranquilidad recuperan las comunidades.

Ahí es donde podemos ver realmente el éxito de las estrategias de pacificación.