Guadalajara está dando una señal que Zacatecas debería mirar con seriedad.

En los últimos días, habitantes del área metropolitana de Guadalajara han denunciado agua con olor, color y turbiedad.

Las quejas pasaron de las redes sociales a las calles, con protestas y bloqueos para exigir un servicio básico: agua limpia y segura.

El Gobierno de Jalisco anunció medidas de emergencia y un esquema de rotación del servicio que podría extenderse durante meses.

El deterioro de infraestructura y los problemas en fuentes de abastecimiento dejaron de ser asuntos técnicos para convertirse en un conflicto social.

Pero Guadalajara no llegó a esta situación de un día para otro.

Ese es precisamente el mensaje para Zacatecas.

Nuevo León ya vivió algo parecido. En 2022, Monterrey enfrentó una crisis de abastecimiento que provocó restricciones, falta de agua en colonias, distribución mediante pipas, filas y protestas.

La emergencia evidenció lo que ocurre cuando el crecimiento urbano, la disponibilidad del recurso y la infraestructura dejan de caminar al mismo ritmo.

Zacatecas debería mirar ambos casos como advertencia y no esperar a convertirse en el siguiente ejemplo.

Las zonas urbanas del estado ya enfrentan problemas de abasto y dependencia de fuentes subterráneas.

Los acuíferos están sometidos a una presión creciente y el margen para seguir posponiendo decisiones se reduce.

Aquí aparece Milpillas. Ese proyecto que puede y debe discutirse.

Deben revisarse sus impactos ambientales, sociales, financieros y técnicos.

Deben escucharse las comunidades y transparentarse costos, beneficios y alternativas.

Lo que resulta difícil de justificar es que una discusión tan importante se prolongue indefinidamente sin una decisión sobre cómo garantizar agua para las próximas décadas.

Construir infraestructura hidráulica no ocurre de un día para otro.

Requiere proyectos, permisos, recursos, acuerdos, obras y tiempo.

Esperar a que llegue una emergencia para comenzar ese proceso sería llegar tarde.

El agua no se resuelve cuando ya no hay agua y los costos políticos de tomar una decisión pueden ser altos.

Pero los costos sociales de no tomarla pueden ser mucho mayores: familias sin servicio, actividades económicas afectadas, conflictos, problemas sanitarios y ciudades enteras dependiendo de soluciones improvisadas.

Guadalajara está pagando hoy las consecuencias de rezagos acumulados.

Nuevo León ya mostró lo que puede ocurrir cuando la escasez llega a las calles.

Zacatecas todavía tiene la oportunidad de anticiparse.

La advertencia está sobre la mesa. La discusión no debería centrarse únicamente en quién gana o pierde políticamente con Milpillas o con cualquier otra alternativa.

Debería centrarse en algo mucho más básico: qué hará Zacatecas antes de que el agua deje de ser una preocupación y se convierta en una emergencia.