ZACATECAS, ZAC.- El gobernador David Monreal Ávila envió al Congreso del Estado una iniciativa para prohibir constitucionalmente que el Gobierno de Zacatecas, los municipios y sus organismos públicos contraten nueva deuda, salvo en casos excepcionales como desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas severas.

La propuesta plantea modificar el artículo 65, fracción XIV, de la Constitución local, además de realizar cambios a la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera y a la Ley de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado y sus Municipios.

De acuerdo con la iniciativa, aun cuando se presente alguna de las circunstancias que permitirían recurrir al financiamiento, la emergencia no implicaría una autorización automática. Antes de contratar deuda tendría que acreditarse la insuficiencia de recursos disponibles, fondos y reservas, economías presupuestales, reasignaciones, recursos federales, subsidios, aportaciones e ingresos propios.

El proyecto establece tres escenarios para abrir esa posibilidad: desastres naturales que rebasen la capacidad financiera y operativa ordinaria de las autoridades; emergencias sanitarias declaradas por las autoridades competentes; y crisis económicas severas que comprometan la prestación de servicios públicos esenciales o el equilibrio presupuestario.

La iniciativa también busca restringir el uso de créditos de corto plazo. Estos sólo podrían utilizarse para cubrir desfases temporales de calendario y tendrían que contar con un ingreso cierto y previamente identificado para su liquidación.

Entre las restricciones propuestas está impedir que un crédito de corto plazo sea utilizado para cubrir déficits estructurales, pagar deuda anterior, refinanciar o reestructurar obligaciones, sustituir créditos por adelantos de participaciones o contratar financiamientos sucesivos para mantener una misma insuficiencia.

Incluso se plantea un periodo mínimo de 30 días antes de volver a contratar deuda de corto plazo, salvo que se trate de una contingencia nueva y distinta.

La propuesta también establece seis criterios que tendría que cumplir cualquier eventual financiamiento autorizado durante una emergencia: atender directamente la necesidad que lo originó, demostrar suficiencia financiera y rentabilidad, generar inversión adicional, ser compatible con la capacidad de pago, evitar trasladar injustificadamente los costos a gobiernos futuros y mantener condiciones de sostenibilidad ante escenarios adversos.

El gobernador justificó la reforma al señalar que su administración recibió una deuda cercana a los 12 mil 500 millones de pesos y que, según cifras difundidas por el propio Gobierno estatal, a junio de 2026 el saldo de largo plazo era de 6 mil 401 millones, mientras que durante el actual sexenio se habían destinado 7 mil 348 millones de pesos al pago de obligaciones.

Monreal sostuvo que la experiencia de su administración demuestra, a su juicio, que es posible operar sin contratar nueva deuda y planteó que esa política deje de depender de la decisión de cada gobierno para convertirse en una obligación constitucional.

La iniciativa fue entregada formalmente al Congreso por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, y el coordinador general Jurídico, Armando Ávalos Arellano.

Texto y foto: Fernando Quijas