ZACATECAS, ZAC.- La LXV Legislatura local aprobó por unanimidad, con 21 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, una nueva Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, con la que se pretende reforzar la coordinación entre autoridades y ampliar las herramientas para localizar e identificar a personas desaparecidas y no localizadas.

Isadora Santiváñez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito, destacó que nuevo ordenamiento sienta un precedente importante a nivel nacional al sustituir el marco estatal vigente desde 2020 y responder a las modificaciones realizadas en julio de 2025 a la Ley General en materia de desaparición, que incorporaron nuevas obligaciones y mecanismos de coordinación para las entidades.

La ley establece responsabilidades para autoridades estatales y municipales en las labores de búsqueda e investigación, además de fijar lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Local de Búsqueda. También incorpora herramientas nacionales como la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, la Plataforma Única de Identidad y distintas bases de información que deberán facilitar el intercambio de datos entre instituciones.

Uno de los apartados centrales es el fortalecimiento de los procesos de identificación humana, ya que el nuevo marco contempla el uso y coordinación de información genética y dactiloscópica para avanzar en la identificación de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas, así como su resguardo, restitución digna y entrega a sus familiares.

Destacaron que la participación de las familias y colectivos también queda contemplada en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de búsqueda. De acuerdo con la exposición de motivos, durante el análisis de la iniciativa se realizaron reuniones con colectivos, de las cuales surgió, entre otras propuestas, la incorporación de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Prevención del Delito al Mecanismo Estatal de Búsqueda.

El dictamen aprobado también modifica disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Ley Orgánica del Municipio, la legislación sobre Declaración Especial de Ausencia, así como las leyes estatales de Salud y Educación, entre otros ordenamientos, para atender las consecuencias que una desaparición genera en las familias.

La nueva legislación establece que la responsabilidad del Estado no termina en la búsqueda: también contempla atención, asistencia, protección, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas y sus familiares.