Eulogio Monreal Ávila

En fechas recientes, la presidenta de la República Claudia Sheimbaum Pardo hizo público su rechazo al conocerse que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretenden destinar 146 millones del Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para restablecer el Seguro de Gastos Médicos Mayores, lo que nos permite realizar las
siguientes reflexiones:

La reforma al Poder Judicial Federal y de los Estados, tiene como espíritu, atendiendo
la exposición de motivos que se adjuntó al proyecto de reforma presentada por el Poder Ejecutivo Federal, “…establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos de Poder que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con
transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad”.

El rechazo que hizo Sheinbaum Pardo es legítimo y legal; el artículo 22 de la Ley Federal
de Austeridad Republicana contempla de manera expresa la prohibición para que se
contrate con recursos públicos cualquier tipo de seguro de gastos médicos mayores.

El ejercicio de recursos públicos vincula a los órganos del estado a actuar con responsabilidad y apego a derecho. El rechazo a cualquier tipo de privilegio en la administración pública, se encuentra vinculado con el espíritu del movimiento que
enarbola la transformación de la vida pública en nuestro país; demanda una visión y
un actuar en congruencia en el servicio público por lo que todo funcionario debe actuar bajo los principios de sencillez, humildad, cercanía al pueblo, honestidad y
transparencia.

Las reformas a Poderes Judiciales a nuestro sistema jurídico, con sobrada justificación
facultan a representantes, incluso, de otros poderes, a reconvenir a servidores públicos (del Poder Judicial), cuando se demuestre su indebido actuar en el ejercicio de su deber y se demuestre acción u omisión de opacidad, privilegios o actos de corrupción.

No es poco el salario que ganan los ministros de la Suprema Corte, y en todo caso, como funcionarios públicos, cuentan y tienen derecho a recibir atención médica en los servicios de salud prestados por el Estado al igual que el personal del servicio público.

En la misma tesitura que se ha señalado en la Federación, se debe actuar con los Poderes Judiciales de las entidades federativas del país; se debe revisar en su caso, someterlos a procedimientos para deslindar responsabilidades administrativas
cuando existan elementos para proceder.

Zacatecas no debe ser excepción… tiene tela de donde cortar.