Un vehículo de apoyo de la senadora Geovanna Bañuelos sufrió un accidente el pasado fin de semana.
Ella no viajaba en la unidad y, afortunadamente, ninguno de los integrantes de su equipo resultó lesionado.
El episodio tomó otra dimensión cuando la senadora sostuvo que se trataba de un atentado.
En Zacatecas, una afirmación de esa naturaleza tiene un peso enorme.
La violencia forma parte de la memoria reciente de la entidad y cualquier señal de un ataque contra una figura política genera preocupación, especulación y temor.
El gobernador David Monreal respondió que no descartaba un “autoatentado” y acusó a la senadora de intentar utilizar el hecho de manera mediática.
Después llegaron los datos de la investigación: el conductor declaró que una motocicleta Italika alcanzó a la Suburban, se le cerró y, al intentar evitar el impacto, perdió el control. El vehículo salió del camino y volcó.
La versión del accidente comenzó a imponerse sobre la hipótesis del atentado.
La senadora reaccionó con indignación ante quienes no creen en su versión. Y ahí aparece un problema que trasciende el accidente: la confianza pública.
Geovanna Bañuelos busca la coordinación de los Comités de la Defensa de la 4T y la soberanía nacional en Zacatecas. El episodio la colocó en el centro de la conversación política, generó solidaridad y le dio reflectores.
No corresponde atribuir intenciones sin pruebas y Sí corresponde observar cómo se utiliza políticamente un hecho que, hasta ahora, las investigaciones ubican como un accidente.
La ciudadanía merece algo más que versiones enfrentadas.
Necesita información comprobable para distinguir una amenaza real de una interpretación política; una denuncia seria de una estrategia de posicionamiento; la experiencia y las propuestas de quienes aspiran a representarles, del escándalo utilizado como herramienta de negociación.
La clase política tiene derecho a denunciar, cuestionar y defenderse, Pero también tiene la obligación de medir el alcance de sus palabras.
En temas de seguridad, cada afirmación puede generar miedo y alterar la percepción de una realidad que ya es suficientemente compleja.
La ciudadanía no debería tener que elegir entre creerle a un político o creerle a otro.
Debería poder revisar los hechos, conocer las investigaciones y sacar sus propias conclusiones.
La política necesita recuperar algo elemental: que la credibilidad se gane con resultados, argumentos y propuestas.
El reflector puede ser inmediato, pero la confianza pública tarda mucho más en construirse.
