CIUDAD DE MÉXICO. – La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó este miércoles un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para pedir al Poder Ejecutivo Federal transparencia sobre los criterios utilizados en la distribución de publicidad oficial y solicitar que se eviten prácticas que, a su juicio, puedan afectar a medios de comunicación por su postura crítica frente al gobierno.

La propuesta fue difundida en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente y tiene como antecedente las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de agosto, cuando reconoció que algunos medios de comunicación son excluidos de la publicidad oficial.

De acuerdo con el documento presentado por Téllez, entre los medios señalados se encuentran El Universal, Reforma y TV Azteca, cuya exclusión, según el planteamiento de la legisladora, estaría relacionada con su posición crítica hacia el Gobierno Federal.

La senadora sostuvo que utilizar la publicidad oficial de acuerdo con la línea editorial de los medios representaría un uso indebido de recursos públicos y sería contrario a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución. También consideró que una medida de este tipo podría constituir una restricción indirecta a la libertad de expresión y de prensa, con base en el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como parte del punto de acuerdo, Téllez planteó que el Poder Ejecutivo Federal se abstenga de cualquier expresión o práctica que pueda estigmatizar, presionar o propiciar ataques contra periodistas y medios de comunicación.

La propuesta también busca que el gasto destinado a publicidad oficial se determine mediante criterios objetivos y no discriminatorios, sin que la asignación de recursos funcione como una forma de premiar o castigar a los medios de acuerdo con su línea editorial.

Otro de los planteamientos consiste en que la Comisión Permanente exhorte a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República a entregar al Congreso un informe público sobre el ejercicio de estos recursos.

El documento establece que dicho informe debería presentarse en un plazo máximo de siete días naturales y contener información completa y desagregada por dependencia, entidad y medio de comunicación.

La solicitud contempla el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social desde el primero de diciembre de 2024 hasta la fecha, además de los criterios utilizados para determinar la asignación de esos recursos.

Téllez plantea que esos criterios sean objetivos, cuantificables y verificables, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 134 constitucional.

El punto de acuerdo también sostiene que restringir la publicidad oficial a medios por sus posiciones críticas constituiría un ataque indirecto a la libertad de expresión y de prensa, por lo que solicita al Ejecutivo garantizar que la distribución de recursos públicos no esté condicionada por la línea editorial de los medios.