Los errores en política suelen tener consecuencias; los errores por desconocimiento de la ley, todavía más.

El caso del regidor de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, ha puesto sobre la mesa un problema que trasciende a una persona.

Lo preocupante no es únicamente la controversia sobre su inhabilitación o su eventual reincorporación al Cabildo.

Lo que alarma es la confusión jurídica que han exhibido quienes están obligados a conocer el marco legal bajo el que desempeñan su encargo.

Primero se cuestionó que su suplente, quien además es su hermano, asumiera la regiduría, bajo el argumento de un supuesto nepotismo.

Sin embargo, una regiduría de representación proporcional no es un cargo de designación discrecional.

Forma parte de una fórmula registrada por un partido político, validada por la autoridad electoral y respaldada por el voto ciudadano.

La suplencia no depende de la voluntad del propietario ni del Cabildo.

Después surgió un nuevo episodio: concluido el periodo de inhabilitación, el regidor buscó reincorporarse a sus funciones.

La respuesta fue impedirlo, bajo la interpretación de que podría configurarse un supuesto de revocación de mandato y dar vista a la Legislatura para que determine lo conducente.

El problema es que tampoco ese parece ser el camino jurídico adecuado.

Si la sanción fue impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa, corresponde a esa autoridad conocer el cumplimiento de su propia resolución.

El propio interesado debió solicitar la acreditación de haber cumplido la sentencia; a su vez, el Cabildo pudo requerir la intervención del Tribunal antes de construir interpretaciones que corresponden a otras figuras jurídicas.

La ley distingue con claridad entre una inhabilitación administrativa, una revocación de mandato, la pérdida de un cargo de elección popular y las reglas de suplencia.

Confundir esos conceptos no es un detalle menor. Significa tomar decisiones públicas sin el soporte legal suficiente.

La democracia reconoce el derecho de cualquier ciudadano a ser votado. Lo que no puede permitirse es que quienes llegan a representar a la población ejerzan el cargo sin los conocimientos mínimos del marco constitucional, administrativo y electoral que regula sus decisiones.

Gobernar también implica estudiar; la voluntad política nunca sustituirá al conocimiento jurídico.

Aprender sobre la marcha puede ser válido en algunos oficios.

En el servicio público, los errores no se corrigen únicamente en un salón de clases; se traducen en conflictos institucionales, incertidumbre jurídica y pérdida de confianza ciudadana.