Alberto Chiu

En el complejo arte de gobernar, la escucha activa no es sólo una virtud democrática, sino una herramienta de supervivencia política. Sin embargo, tristemente con demasiada frecuencia, los gobiernos de todos los niveles sucumben a una patología persistente: la sordera institucional.
Creer que ignorar o minimizar los reclamos ciudadanos es una estrategia válida de contención de crisis es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor de ellos, una negligencia que acaba con la confianza pública. El hacer oídos sordos a las demandas de la sociedad nunca ha sido una buena política pública, y el precio de esta omisión suele pagarse con la moneda de la legitimidad.
El patrón se repite una y otra vez:. una comunidad se organiza para exigir soluciones a un problema tangible, como la inseguridad. Presentan datos, testimonios y peticiones.
En lugar de recibir empatía y compromiso, la respuesta oficial suele ser un compendio de descalificaciones sutiles o una lluvia de cifras alternativas destinadas a demostrar que la realidad percibida por la ciudadanía es errónea.
Se minimiza el reclamo, se etiqueta de “exagerado” o, incluso, de estar “políticamente motivado”. Es la negación como primera línea de defensa, una táctica que prioriza la imagen sobre la sustancia.
Esta estrategia es, en esencia, como un búmerang: se regresa al que lo lanza. La sordera institucional no disuelve el problema; simplemente lo confina a una fase de incubación.
Lo más grave ocurre cuando la realidad estalla con una fuerza que ya no puede ser ignorada. Tomemos el ejemplo de la seguridad: días después de que las autoridades presumieran sus avances y desestimaran las quejas ciudadanas, un hecho delictivo de alto impacto sacude a la comunidad.
En un instante, todo el andamiaje retórico y propagandístico que había minimizado los reclamos ciudadanos, se cae estrepitosamente. Aquello que la autoridad tanto presumía se desvanece ante la contundencia de los hechos, revelando la fragilidad del discurso.
Cuando la realidad desmiente de manera tan drástica la narrativa oficial, la ciudadanía no solo siente frustración por el problema original, sino también un profundo sentido de traición. Se llega a percibir que el gobierno no sólo es ineficaz, sino también insensible.
La sordera inicial se convierte en la evidencia de su desconexión con la realidad. Al final, la estructura gubernamental que buscaba proteger su imagen a través de la negación, termina cosechando una crisis de credibilidad mucho más severa, donde cada nuevo comunicado es recibido con escepticismo. Un gobierno que no escucha, tarde o temprano, se condena a no ser escuchado.