CIUDAD DE MÉXICO. – El Senado de la República analiza una iniciativa de reforma que busca garantizar una recepción segura para las personas migrantes mexicanas deportadas o retornadas de Estados Unidos, así como para personas extranjeras readmitidas por el Estado mexicano. La propuesta, presentada este martes por la senadora de Morena, Olga Patricia Sosa, plantea establecer mecanismos que eviten que quienes llegan a territorio nacional queden desprotegidos en la frontera y expuestos a situaciones de riesgo.

La iniciativa pretende modificar el procedimiento de atención a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) para que, al recibir a personas repatriadas en los puntos fronterizos, se elabore de manera obligatoria una constancia de recepción y canalización segura. El objetivo es documentar el proceso de entrega, identificar riesgos inmediatos y asegurar que la persona cuente con un destino definido o con el apoyo de una autoridad o institución antes de concluir la intervención oficial.

De acuerdo con la propuesta, este documento permitirá dejar registro de la autoridad, institución, persona o lugar al que será canalizada cada persona recibida, además de verificar que exista una ruta mínima de atención para disminuir las condiciones de vulnerabilidad en las que llegan muchas personas deportadas.

La reforma establece que la constancia deberá contener datos como el nombre, nacionalidad e información de identificación disponible; la fecha y la autoridad que realizó la entrega, cuando corresponda; así como la manifestación de la persona sobre el lugar al que pretende dirigirse o la red de apoyo con la que cuenta, en el caso de personas adultas. También deberá incorporar una evaluación preliminar sobre posibles condiciones de riesgo, el sitio o institución a la que será canalizada y el medio de traslado que utilizará para abandonar el punto de recepción.

La iniciativa señala que el INM no podrá concluir su intervención sin verificar previamente que la persona tenga un destino identificado o, en caso de enfrentar riesgos para su vida, integridad, libertad, salud o seguridad, haya sido canalizada a la autoridad competente.

Como parte de la exposición de motivos, la propuesta advierte que el propósito es evitar que personas repatriadas permanezcan sin protección en carreteras, puentes internacionales, terminales de transporte, zonas despobladas o espacios públicos.

“Significa que ninguna persona sea dejada en una carretera, terminal de transporte, puente internacional, zona despoblada o espacio público sin posibilidad razonable de traslado, comunicación o recepción segura, especialmente cuando existan condiciones de riesgo para su vida, integridad, libertad, salud o seguridad”.

La senadora expone que, aunque durante 2025 se registraron alrededor de 160 mil devoluciones de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos, cifra inferior a las 206 mil de 2024 y las 215 mil de 2023, el fenómeno continúa siendo estructural y requiere mecanismos permanentes de recepción y reintegración.

Asimismo, la iniciativa incorpora datos oficiales que muestran la dimensión de la atención a menores de edad. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, los Oficiales de Protección a la Infancia brindaron atención a 35 mil 146 niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, de los cuales 33 mil 108 viajaban acompañados y 2 mil 38 lo hacían sin compañía. En ese mismo periodo también recibieron atención 5 mil 968 niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados que viajaban sin acompañamiento.

El documento advierte que estas cifras reflejan que la frontera recibe no solo a personas adultas, sino también a menores que enfrentan riesgos como separación familiar, violencia, explotación, trata de personas, reclutamiento delictivo, enfermedades, falta de documentos y barreras lingüísticas.

La propuesta subraya que el Estado debe brindar una respuesta institucional que vaya más allá del simple registro administrativo de las personas repatriadas.

“Cuando una persona llega a territorio mexicano como resultado de una repatriación, retorno o readmisión, el Estado no recibe únicamente un dato estadístico o un expediente administrativo; recibe a una persona con historia, necesidades y posibles riesgos”.

Además, añade:

“Puede tratarse de alguien que no cuenta con documentos, que carece de red familiar, que requiere medicamentos, que no tiene un lugar seguro al cual dirigirse o que se encuentra expuesto a violencia, explotación o reclutamiento delictivo. Frente a ello, la autoridad no debe concluir su intervención sin dejar constancia de lo ocurrido y sin verificar una ruta mínima de canalización segura”.

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