Lo ocurrido en el Congreso del Estado dejó una imagen preocupante: jubilados y pensionados del Issstezac intentaron impedir, en dos ocasiones, una sesión que terminaría aprobando la desincorporación del Hotel Parador.

La tensión fue el reflejo de un problema que lleva años sin resolverse y que hoy vuelve a cobrar factura.

Con apenas un voto de diferencia —15 a favor y 14 en contra— los diputados autorizaron que este inmueble pueda entregarse al Gobierno del Estado como forma de pago por todas las veces que le ha facilitado recursos.

Un hotel emblemático deja de formar parte del patrimonio del instituto, mientras miles de derechohabientes observan cómo el costo de una crisis financiera termina recayendo, una vez más, sobre los bienes que les pertenecen.

Es cierto que el Hotel Parador genera más pérdidas que ganancias; también es verdad que mantenerlo representa una carga económica para un instituto que desde hace años enfrenta una situación crítica.

Pero el problema no es solamente vender un activo. El problema es que esa decisión llega después de años de omisiones.

Durante mucho tiempo, el Poder Legislativo tuvo en sus manos la posibilidad de construir una solución de fondo para el Issstezac.

La reforma aprobada en 2024 fue presentada como un paso importante, pero nunca resolvió el origen del déficit.

Apenas permitió ganar tiempo. Hoy ese tiempo se está agotando y lo más cómodo ha sido repartir culpas.

Los diputados que votaron en contra se presentan como defensores del patrimonio de los trabajadores, pero no explican con claridad cómo rescatar financieramente al instituto.

Los que votaron a favor aseguran que era una decisión inevitable, aunque tampoco garantizan que vender el Hotel Parador evitará una nueva crisis dentro de algunos años.

Esa es la verdadera tragedia: mientras unos y otros convierten el debate en una disputa política, los jubilados siguen viviendo con incertidumbre sobre el futuro de sus pensiones.

El patrimonio disminuye, las soluciones siguen incompletas y la responsabilidad continúa viajando de una Legislatura a otra, como si nadie hubiera participado en la construcción del problema.

La votación terminó, Pero el conflicto, no.

Hoy ya no preguntamos quién ganó o quién perdió en el tablero legislativo.

Hoy, lo que se cuestiona es cuánto más patrimonio tendrá que sacrificar el Issstezac antes de que alguien tenga el valor de asumir una responsabilidad completa y construir una solución definitiva.

Vender propiedades puede aliviar una emergencia, pero jamás sustituirá la obligación de corregir un sistema que lleva demasiados años funcionando con parches.