BOLIVIA.- Este sábado 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional, ordenando el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para liberar las carreteras del país.

La medida de emergencia fue dictada desde La Paz ante la persistencia de los bloqueos orquestados por facciones campesinas y opositoras afines a Evo Morales, los cuales acumulan más de seis semanas de actividad y han dejado un saldo trágico de 16 personas fallecidas, en su mayoría por falta de atención médica oportuna a causa del cierre de vías.

La crisis alcanzó su punto de quiebre este fin de semana debido a una profunda fractura en los movimientos sociales. Apenas la noche del viernes, el gobierno boliviano había logrado suscribir un acuerdo de pacificación con Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), comprometiéndose a liberar a los manifestantes detenidos y a cumplir demandas en un plazo de 90 días a cambio de levantar la presión nacional.

Sin embargo, el pacto fue rápidamente desconocido por sectores más radicales. La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari y bases del Trópico de Cochabamba (bastión político de Evo Morales) calificaron la firma de la COB como una “traición” al movimiento, negándose a dialogar y reafirmando su exigencia principal: la renuncia del presidente Paz.

Frente a esta negativa y la continuidad de 46 puntos de bloqueo activos, el mandatario escaló la respuesta del Estado. En un mensaje televisado a la nación, Paz endureció su discurso, dejando de lado el tono conciliador para calificar la prolongación de las protestas como una “estrategia de ruptura democrática constitucional”.

El presidente fue tajante al señalar que las movilizaciones disidentes responden a un “intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, operado por estructuras políticas afines a Morales.

La Presidencia precisó que, si bien el estado de excepción no suspende los derechos civiles de la población, prohíbe de manera estricta la interrupción del libre tránsito y habilita a los militares para resguardar infraestructura estratégica y garantizar el abastecimiento, en un esfuerzo por devolver la normalidad a un país paralizado.