LA HABANA.- En un plazo inusual de siete días, el gobierno de Cuba diseñó, respaldó y ratificó el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años.

Las 176 medidas, impulsadas por el presidente Miguel Díaz-Canel y avaladas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), buscan descentralizar la economía estatista de la isla frente a un panorama marcado por el colapso energético, inestabilidad social y un endurecimiento del embargo petrolero estadounidense.

El plan estratégico introduce cambios drásticos para intentar dinamizar una economía paralizada. Entre las disposiciones clave destacan la apertura del turismo a nuevos actores privados, el fomento de la inversión extranjera directa con énfasis en cubanos residentes en el exterior, y la eliminación progresiva de los subsidios universales a productos básicos, los cuales transitarán hacia esquemas de asistencia focalizada a poblaciones vulnerables.

Asimismo, se dotará de mayor autonomía a los municipios y empresas estatales, y se buscará una reestructuración del comercio exterior y del sector agrícola.

Durante su intervención en el legislativo, Díaz-Canel reconoció que el país atraviesa sus “horas más difíciles de este siglo”. Argumentó que las transformaciones son un ejercicio de soberanía nacional y no una claudicación ante las recientes presiones de Washington.

La administración estadounidense ha mantenido durante los últimos seis meses un bloqueo casi total a la entrada de crudo y ha emitido órdenes ejecutivas que sancionan a empresas internacionales vinculadas al Estado cubano, provocando la salida de aerolíneas, bancos y cadenas hoteleras.

La contracción económica y la escasez de servicios básicos han derivado en un aumento de protestas ciudadanas pacíficas en la isla. Ante este escenario, el primer ministro, Manuel Marrero, defendió que la apertura al sector privado y la descentralización no amenazan el modelo socialista, sino que son la única vía para garantizar su supervivencia.