ESTADOS UNIDOS. – El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) canceló la apertura de siete centros de detención para migrantes en distintas partes del país pese a haber destinado una inversión millonaria para su adquisición.

De acuerdo con el reporte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el cual opera el ICE, optó por deshacerse de siete de los once almacenes que había comprado con el objetivo de convertirlos en instalaciones de detención migratoria. Estos inmuebles, adquiridos dentro de un ambicioso plan de expansión del sistema de detención en Estados Unidos, serán vendidos o transferidos a otras agencias federales.

La decisión representa un giro en la estrategia migratoria que había impulsado la ampliación de la infraestructura de detención, ya que originalmente estos espacios formaban parte de un proyecto mayor para incrementar la capacidad operativa del sistema. La compra de los almacenes había implicado una inversión de alrededor de 700 millones de dólares, dentro de un esquema más amplio que contemplaba la creación de una red de centros en diversos estados del país.

El informe señala que, pese a la magnitud del gasto realizado, solo cuatro de las instalaciones adquiridas se mantendrán dentro de los planes del ICE, mientras que el resto quedará fuera del proyecto. Entre los casos mencionados se encuentra el almacén ubicado en Roxbury, Nueva Jersey, cuya apertura fue descartada tras la oposición de autoridades locales.

La medida también se da en un contexto de creciente cuestionamiento a la expansión del sistema de detención migratoria, tanto por razones legales como por el impacto social y económico en las comunidades donde se pretendían instalar estos centros. Según lo referido por The New York Times, incluso legisladores y autoridades locales expresaron su rechazo a la reconversión de almacenes industriales en espacios destinados a albergar personas.

En paralelo, el debate sobre el costo y la viabilidad del proyecto ha sido señalado como uno de los factores que influyeron en la decisión, en medio de críticas sobre el uso de recursos públicos en infraestructura que finalmente no entró en operación.

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