CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reasumir competencia para estudiar el amparo en revisión 147/2026, el cual impugna la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en el país.

Esta decisión del Pleno abre la puerta a un debate constitucional inédito sobre los límites del Estado frente a la autonomía de los pacientes terminales y el derecho a una muerte digna.

El recurso legal fue promovido por una profesional de la tanatología diagnosticada con cáncer de mama. La defensa de la quejosa argumenta que el marco normativo actual —específicamente la Ley General de Salud y los códigos penales— vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad al criminalizar la muerte asistida e imponer la “muerte natural” como única vía legal, ignorando el sufrimiento irreversible.

Durante la sesión pública, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz acotó el alcance legal de esta primera resolución: el máximo tribunal únicamente aprobó atraer el expediente debido a su trascendencia excepcional, lo que no constituye todavía un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de dichas prohibiciones. El análisis de fondo se realizará en futuras sesiones plenarias.

Los ministros que impulsaron la atracción del caso subrayaron las profundas implicaciones jurídicas y bioéticas del expediente.

El ministro Irving Espinosa Betanzos destacó la urgencia de revisar las disposiciones sobre cuidados paliativos, mientras que la ministra Loreta Ortiz señaló que la Corte deberá definir si el Estado mexicano tiene la facultad de imponer la preservación de la vida por encima del consentimiento informado de una persona que busca evitar la prolongación de su agonía.

En el debate también se abordó la dimensión internacional y local del tema. El ministro Arístides Guerrero García recordó que tribunales de naciones como Colombia, Canadá, Países Bajos y Alemania ya han emitido resoluciones a favor de la muerte asistida.

Asimismo, destacó que la Constitución de la Ciudad de México ya reconoce explícitamente el derecho al “buen morir”, lo que dota de mayor urgencia al análisis que realizará el máximo tribunal del país.