ZACATECAS, ZAC. – Usuarios con discapacidad en Zacatecas y Guadalupe continúan enfrentando obstáculos para acceder al transporte público tras la entrada en vigor del aumento de la tarifa a once pesos, pese a que algunas unidades cuentan con rampas de acceso, situación que fue denunciada por ciudadanos y abordada por la senadora Claudia Anaya, quien recordó los apoyos otorgados para la modernización del servicio.

De acuerdo con testimonios de usuarios y reportes ciudadanos, aunque existen unidades adaptadas con rampas para personas con movilidad reducida, su uso no es constante en la operación diaria del sistema de transporte. Señalamientos apuntan a que algunos operadores argumentan fallas mecánicas en los mecanismos, mientras que en otros casos simplemente no los despliegan o recurren a distintos pretextos para evitar su utilización.

La disponibilidad de este tipo de unidades también es limitada, ya que las rampas se encuentran únicamente en algunos vehículos de las rutas catorce, dieciséis y diecisiete, lo que reduce de forma considerable las opciones de traslado para personas con discapacidad desde el inicio de su trayecto. Esta situación, según usuarios, incrementa la dificultad para moverse dentro de la zona metropolitana.

Pese a ello, algunos ciudadanos reconocen que existen excepciones en la operación del servicio. En particular, señalan que ciertos operadores de la Ruta catorce sí hacen uso de las plataformas de acceso y brindan apoyo a quienes lo requieren, práctica que consideran debería replicarse en todas las unidades que cuentan con este equipamiento.

El contexto resulta relevante debido a que Zacatecas concentra el mayor porcentaje de población con discapacidad en el país. Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el once punto dos por ciento de los habitantes del estado vive con alguna discapacidad. Además, de más de 200 mil personas registradas en esta condición, casi la mitad presenta limitaciones relacionadas con la movilidad, como caminar o subir y bajar escalones.

A estas dificultades se suma el estado de la infraestructura urbana. Usuarios señalan que incluso cuando las unidades están disponibles, el acceso al transporte se complica desde las paradas. Un caso recurrente es el de la parada ubicada en Plaza Bicentenario, una de las más transitadas de la capital, donde las banquetas presentan fracturas, desniveles y deterioro que dificultan e incluso impiden el paso de personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.

En este contexto, la senadora Claudia Anaya, quien impulsó en años anteriores la incorporación de unidades adaptadas al transporte público, señaló que las políticas de inclusión deben acompañarse de inversión, adecuaciones en infraestructura y una cultura de respeto, evitando que estas acciones queden únicamente en el discurso. Recordó además que durante el proceso de modernización del transporte se entregaron apoyos de 200 mil pesos a cada transportista que renovó su unidad, recurso que, según explicó, “no fue crédito, fue fondo perdido, fue apoyo y fue estímulo para la innovación”, con el objetivo de mejorar el servicio y renovar el parque vehicular.

Ante este panorama, usuarios cuestionan si el reciente aumento en la tarifa del transporte público realmente se traduce en mejoras visibles en el servicio. Consideran que antes de autorizar nuevos incrementos es necesario garantizar condiciones dignas, accesibles e incluyentes para todos los sectores de la población.

Fotos: Karen García