ZACATECAS, ZAC.- En el marco del 4th Latin American Symposium on Education, Technology and Science, celebrado este 6 de junio, la diputada local Renata Libertad Ávila Valadez impartió la conferencia magistral “Avances legislativos en materia de Inteligencia Artificial: retos y perspectivas para México y Zacatecas”, donde expuso los desafíos jurídicos que enfrenta el país ante el avance acelerado de las nuevas tecnologías y la necesidad de consolidar marcos normativos que garanticen la protección de los derechos humanos en el entorno digital.

Ante la presencia de académicos, investigadores, estudiantes y especialistas, la legisladora señaló que la inteligencia artificial constituye una de las transformaciones más significativas del siglo XXI, debido a que sus aplicaciones ya impactan de manera directa sectores como la educación, la salud, la economía, la seguridad pública, la investigación científica y la comunicación digital.

Durante su intervención, sostuvo que el debate actual ha evolucionado y dejó de centrarse en si la inteligencia artificial debe regularse o no. Explicó que el verdadero reto consiste en establecer mecanismos legales que permitan aprovechar el potencial de estas herramientas tecnológicas sin obstaculizar la innovación ni poner en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad humana, la igualdad y la libertad de expresión.

Como parte de la conferencia, la diputada realizó un análisis de las principales experiencias legislativas desarrolladas en distintas regiones del mundo. Entre ellas destacó el modelo adoptado por la Unión Europea mediante la Ley de Inteligencia Artificial, considerada la primera regulación integral a nivel internacional sobre esta materia. Asimismo, reflexionó sobre el panorama mexicano, caracterizado por la falta de una legislación federal especializada, situación que, afirmó, obliga a construir esquemas de gobernanza tecnológica capaces de responder a fenómenos emergentes como la desinformación, la manipulación de contenidos, la violencia digital y diversos delitos cometidos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Al referirse al contexto estatal, Renata Ávila destacó que Zacatecas ha comenzado a delinear una agenda legislativa enfocada en atender los riesgos derivados del uso de tecnologías digitales y sistemas inteligentes. Recordó que, en noviembre de 2025, la Comisión de Justicia de la LXV Legislatura emitió un dictamen mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Zacatecas para incorporar expresamente el uso de inteligencia artificial en determinadas conductas delictivas.

Precisó que estas modificaciones contemplan escenarios vinculados con la manipulación digital de imágenes, audios y videos, así como nuevas manifestaciones de violencia ejercida a través de medios tecnológicos. En ese sentido, explicó que uno de los fenómenos que busca atender esta actualización normativa es el relacionado con los llamados deepfakes, contenidos creados o alterados mediante inteligencia artificial que pueden presentar como reales hechos inexistentes.

La legisladora advirtió que estas herramientas pueden utilizarse para vulnerar la intimidad sexual de las personas, ejercer extorsión, afectar reputaciones o provocar daños severos en la integridad emocional de las víctimas, por lo que consideró indispensable que la legislación evolucione al mismo ritmo que los riesgos digitales.

Asimismo, enfatizó que el dictamen aprobado representa el primer avance legislativo concreto en Zacatecas sobre inteligencia artificial, al reconocer que el desarrollo tecnológico también puede convertirse en un instrumento para transgredir derechos fundamentales, situación que exige una respuesta institucional efectiva y actualizada.

De igual forma, informó que permanecen en análisis diversas propuestas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos digitales. Entre ellas mencionó la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Digitales y Cibernéticos.

Detalló que esta propuesta tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Estado para investigar y perseguir ilícitos cometidos mediante plataformas y herramientas tecnológicas. Entre los delitos que podrían ser atendidos por esta instancia especializada se encuentran la violencia digital, el fraude informático, la suplantación de identidad, el robo de datos personales, la extorsión digital, los delitos sexuales en línea y otras conductas ilícitas potenciadas por el uso de inteligencia artificial.

“La tecnología del delito ha avanzado más rápido que la tecnología de la justicia. Por ello, además de actualizar nuestras leyes, necesitamos instituciones especializadas, personal capacitado y herramientas tecnológicas que permitan garantizar el acceso efectivo a la justicia en el entorno digital”, señaló.

Finalmente, Renata Ávila reconoció la relevancia de las universidades y de los espacios académicos como actores fundamentales en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos tecnológicos contemporáneos. Consideró que la construcción de políticas públicas y marcos regulatorios sobre inteligencia artificial requiere la participación conjunta de especialistas, investigadores, legisladores, autoridades y representantes de la sociedad civil.

“Estamos frente a una tecnología que llegó para transformar profundamente nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. El desafío de nuestra generación no es detener la inteligencia artificial, sino asegurar que su desarrollo permanezca siempre al servicio de las personas y de los derechos humanos”, concluyó.

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