GUERRERO. – Comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron una presunta “guerra de exterminio” atribuida al grupo criminal Los Ardillos, al que responsabilizaron de ataques armados y agresiones con explosivos que ocasionaron desplazamientos forzados en municipios de la región, principalmente en Chilapa. Durante una conferencia de prensa realizada en el contexto de la Misión Civil de Observación-Sexta, habitantes y autoridades comunitarias exigieron la intervención de autoridades federales y estatales para desarticular a la organización delictiva y frenar la violencia que golpea a pueblos originarios.

Representantes de las comunidades señalaron que la crisis de seguridad provocó el desplazamiento de más de dos mil personas en distintas localidades. De acuerdo con los testimonios expuestos públicamente, la violencia no solo dejó familias fuera de sus hogares, también una estela de asesinatos, desapariciones y temor constante entre habitantes que desde hace años viven bajo amenazas y ataques armados.

Las comunidades acusaron indiferencia institucional ante la emergencia. Pobladores reprocharon que autoridades federales y estatales reduzcan la situación a disputas entre organizaciones criminales, interpretación que, afirmaron, invisibiliza las afectaciones directas que padecen familias indígenas.

Una mujer indígena lanzó un señalamiento directo durante el encuentro con medios y organizaciones civiles: “Nosotras y nosotros solo vemos que la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) se empeña en sonreír a las cámaras, así como hacía Peña Nieto (…) Sheinbaum ya miente descaradamente sobre la guerra de exterminio en nuestra contra, usando de pretexto a un grupo delincuencial para proteger a Evelyn Salgado, que no ha tenido la capacidad de detener la violencia en el estado. Al contrario, ha pactado con los grupos delincuenciales”.

Los señalamientos también alcanzaron a autoridades municipales y estatales. Integrantes de las comunidades indígenas acusaron presuntas redes de complicidad política y corrupción que, aseguraron, facilitaron la expansión del grupo criminal. Denunciaron además un supuesto desvío de recursos públicos que, según sus versiones, fortalece la capacidad operativa de organizaciones delictivas mientras pueblos originarios permanecen sin respaldo suficiente.

Otra inconformidad se dirigió hacia declaraciones oficiales que atribuyen parte de la violencia a enfrentamientos entre grupos criminales rivales. Habitantes sostuvieron que esa narrativa criminaliza a las propias comunidades y desvía la atención de las agresiones sufridas en territorio indígena.

De acuerdo con los testimonios presentados, entre el seis y el 12 de mayo localidades como Tula, Alcozacán y Acatlán enfrentaron ataques armados y agresiones con explosivos presuntamente perpetradas por integrantes de Los Ardillos. Habitantes denunciaron daños materiales, desapariciones y asesinatos derivados de los hechos violentos.

En la conferencia también cuestionaron las acciones implementadas hasta ahora por autoridades de seguridad. Si bien elementos federales y estatales llegaron a algunas zonas afectadas tras los desplazamientos recientes, pobladores afirmaron que la presencia oficial no resolvió el problema de fondo.

“Ustedes, que dicen que ya les reportaron que todo está bien y que ya hay paz. Miente, porque los asesinos siguen estando libres, porque no han sido detenidos, porque no hay investigación ni un mínimo esfuerzo por llegar a la verdad”, expresó otra mujer indígena durante el posicionamiento público.

Las comunidades rechazaron además medidas de militarización como solución única al conflicto. Habitantes consideraron que la instalación de infraestructura militar no garantiza seguridad permanente y plantearon estrategias coordinadas directamente con pueblos originarios para reforzar la protección territorial y evitar nuevas agresiones.

Entre las exigencias presentadas también aparecieron demandas históricas relacionadas con acceso a servicios básicos, salud, educación, infraestructura y apoyos federales. Los representantes comunitarios pidieron mecanismos efectivos para fortalecer condiciones de vida en las regiones indígenas, además de protección para defensores de derechos humanos y activistas que enfrentan amenazas.

La región de la Montaña de Guerrero atraviesa desde hace años escenarios de violencia vinculados con disputas criminales y control territorial. Organizaciones civiles y grupos comunitarios sostienen que esa situación aumentó desplazamientos forzados y profundizó condiciones de vulnerabilidad para familias indígenas.

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