SAN LUIS POSTOSÍ. – Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertaron sobre una presunta persecución judicial y el uso indebido de normas relacionadas con inteligencia artificial en San Luis Potosí, luego de que en menos de 48 horas se documentaran detenciones de comunicadores, órdenes de aprehensión y acciones legales que, señalaron, podrían convertirse en mecanismos de presión contra periodistas, activistas y voces críticas de la entidad.

De acuerdo con un pronunciamiento difundido por organizaciones nacionales e internacionales, existe preocupación por el escenario que enfrenta la libertad de expresión en territorio potosino, especialmente tras la aplicación de disposiciones vinculadas con inteligencia artificial e identidad digital que, según denunciaron, comenzaron a utilizarse de manera que pone bajo presión el ejercicio periodístico y la crítica pública.

Las agrupaciones señalaron que durante las últimas horas se registró la detención de Christian Herrera, creador de contenido de la página “Código Rojo”, en Ciudad Valles. También reportaron la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, además de órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas una periodista y directora de medios de comunicación en San Luis Potosí.

En el posicionamiento público, las organizaciones expresaron: “Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en San Luis Potosí”.

La advertencia ocurre meses después de que surgieran críticas por modificaciones legales relacionadas con inteligencia artificial aprobadas en San Luis Potosí. Diversas voces especializadas advirtieron entonces que la redacción de dichas disposiciones podía abrir espacios para interpretaciones amplias o discrecionales que terminaran por afectar derechos digitales, trabajo periodístico, sátira, crítica política o manifestaciones de expresión en plataformas digitales.

Según la documentación presentada por organismos de defensa de derechos humanos, existe preocupación de que herramientas legales diseñadas para regular contenidos generados mediante inteligencia artificial puedan utilizarse fuera de su propósito original y terminar como instrumentos para inhibir la libertad de expresión.

En el caso de Christian Herrera, información pública citada por las organizaciones indica que familiares denunciaron una detención con presunta violencia física atribuida a elementos de investigación. También señalaron que el comunicador fue trasladado a la capital potosina. Sobre ese caso particular, una fuente local citada en los reportes indicó una posible acusación por robo; sin embargo, las organizaciones aclararon que esa información no había sido verificada.

Los grupos firmantes insistieron en que los hechos reportados reflejan un escenario delicado para la prensa y la comunicación digital en San Luis Potosí. Advirtieron que periodistas, creadores de contenido y actores políticos de oposición podrían enfrentar consecuencias derivadas de interpretaciones legales que, desde su perspectiva, requieren revisión y vigilancia para evitar afectaciones a derechos fundamentales.

La preocupación también alcanza el entorno digital. Organizaciones especializadas recordaron antecedentes relacionados con restricciones informativas y agresiones contra medios y periodistas en la entidad, contexto que mantiene encendidas las alertas entre organismos defensores de derechos humanos y libertad de expresión.

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